Ninguna comisión, ni irregularidad. El exdirector general de los Bombers de la Generalitat, Manel Pardo, ha declarado hoy como investigado en el caso de las supuestas irregularidades en el contrato de mantenimiento de los vehículos del cuerpo de extinción de incendios de la Generalitat y ha asegurado a la magistrada que él no firmó ninguna factura, según fuentes judiciales. También ha añadido que cuando escribió "2%v" a la abogada de los servicios jurídicos para exponerle que ya no tenían presupuesto, era un ejemplo no real sobre los gastos de gestión variables que habían existido en anteriores contratos, que podían llegar a ser del 9% y que se eliminaron en el contrato de 2019, cuando él era el titular. Pardo, que asumió el cargo de director general del cuerpo de Bombers desde junio de 2018 a junio 2021, ha descartado cualquier gestión irregular, como apuntaban en la instrucción los Mossos d'Esquadra.
La semana pasada, la abogada del Departamento de Interior que denunció irregularidades en el mantenimiento de los vehículos de los Bomberos de la Generalitat declaró, como testigo, que desconocía si había alguna práctica de corrupción en este contrato ni tampoco detalló nada de la supuesta comisión del 2% anotado en su expediente, según fuentes judiciales. Desde el 2012 el Grupo Iturri de Sevilla hacía a este servicio, suspendido con el nuevo conseller Joan Ignasi Elena. El juzgado de instrucción 14 de Barcelona abrió en noviembre de 2021 una investigación a raíz de una denuncia de la fiscalía sobre irregularidades en el contrato de mantenimiento de los coches de Bomberos de la Generalitat, que el conseller Miquel Sàmper le envió, cuando ya se marchaba del departamento. La primera jueza que era al frente del juzgado permitió la intervención telefónica de cargos públicos, con secreto de sumario, y ordeno no seguirla en descartar que hubiera pagos de comisiones entre los investigados. Inicialmente, hay siete cargos investigados de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS) y los delitos son: malversación de fondo público, prevaricación y falsificación de documento público. El responsable de los servicios jurídicos de Interior, Francesc Claverol, también negó que sospechara que Iturri pagaba una comisión a responsables del cuerpo de bomberos.
Emocionado
En la declaración, Pardo, defendido por la penalista Judit Gené, ha asegurado que los vehículos del parque de bomberos son muy antiguos y que el contrato de mantenimiento está "infradimensionado económicamente históricamente", aunque él solamente conocía la gestión desde que asumió el cargo del verano del 2018. Ha detallado que cuando ya no tenían presupuesto fue a ver a Claveguerol para preguntarle como hacerlo, y como que no estaba le explicó a la abogada y le detalló que antes del 2019 era peor la situación porque se pagaba una variable de gastos de gestión, y anotó un 2% cómo podía haber puesto, un 4 o un 9%, que era el máximo reconocido oficialmente. Además, Máximo del Valle, responsable del parque móvil y también investigado, fue quien envió a Pardo, Claveguerol y en otros jefes las supuestas irregularidades contables y carencias del contrato. Claveguerol le dijo a Pardo que lo denunciara. Cuando hoy la magistrada le ha dicho que si lo hubiera hecho quizás estaría en esta causa de otra manera, es decir no como investigado, Pardo se ha emocionado, según fuentes judiciales.
El gerente de Iturri, Eduardo José Díaz, que empezó a declarar como investigado el viernes pasado, hoy ha reiterado que no cometió ninguna irregularidad. Y ha validado la defensa de Pardo, que en el contrato la parte técnica y la económica era llevada por departamentos diferentes.
Los principales investigados en la causa son: el exdirector del servicio de extinción de incendios, Manel Pardo, cargo que dejó el junio pasado y asumió, Joan Delort, que tendrá un abogado de la Generalitat; el gerente de Iturri, Eduardo José Díaz; Julio Vázquez, responsable del parque móvil de los Bomberos; Máximo del Valle, responsable del parque móvil; Antonio Ramos, subdirector general técnico de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios, y Martín Hernández, ninguno de presupuestos. El conseller Elena escindió el contrato con Iturri y ha encargado una auditoria.