El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha garantizado este miércoles que su conselleria trabajó para "corregir desde el minuto cero" las presuntas irregularidades en los contratos de mantenimiento de camiones de los Bomberos de la Generalitat y ha recordado que iniciaron los trámites para resolver el contrato e impulsaron una nueva licitación, aparte de cambiar contrataciones y modificar funcionamientos. Así lo ha asegurado el conseller durante la sesión de control al Govern en el marco de una pregunta del diputado del PSC-Units Ramon Espadaler.
El conseller ha destacado que las prácticas judicializadas se pusieron en conocimiento del anterior equipo de la Conselleria "tres" días antes de que se incorporara el suyo, y ha asegurado que se han puesto al servicio de la investigación y que trabajaron para corregir estas "malas praxis", que ha lamentado que "parece que hacía muchos años que funcionaban". Con todo, ha sostenido que se han puesto en marcha los cambios de "procedimientos internos" que han podido causar las presuntas irregularidades.
Asimismo, ha recordado que está prevista una comparecencia del secretario general de Interior, Oriol Amorós, en la Comisión de Interior del Parlament para detallar todos los cambios que se han llevado a cabo: "Desde que tuvimos conocimiento de este hecho hemos actuado para revertir la situación", ha asegurado Elena a Espadaler, después de que el exconseller de Interior le haya pedido llegar hasta el fondo del asunto y concretar los cambios que se hagan.
Siete cargos imputados
El juzgado de instrucción 14 de Barcelona ha imputado por presunta corrupción siete cargos de la cúpula de los Bomberos de la Generalitat y el responsable a Catalunya de la empresa contratista Grupo Iturri. El director del servicio de extinción de incendios hasta junio del año pasado, Manel Pardo, y su sucesor, Joan Delort, están citados a declarar este viernes ante la jueza a raíz del hallazgo de facturas duplicadas sobre reparaciones de los vehículos de bomberos que no se llegaron a realizar.
La causa por presunta corrupción se abrió después de que el mes de abril pasado advirtieron que el contrato para mantenimiento de los vehículos estaba sin saldo. Desde entonces, la unidad central anticorrupción de los Mossos d'Esquadra ha encabezado la investigación por un presunto delito contra la administración pública.
Desde el Departamento de Interior emitieron un comunicado el pasado domingo asegurando que no hay ningún indicio que a ningún funcionario se haya beneficiado económicamente ni que tampoco haya maniobrado para beneficiar la empresa.