Las trabas que se encuentran los migrantes que viven en Ripoll para acceder al empadronamiento ha despertado varias alarmas. Después de que El Periódico se hiciera eco de las denuncias que el nuevo consistorio en manos de Alianza Catalana, una formación de extrema derecha, dificulta el empadronamiento a las personas migradas, varias administraciones se han involucrado en el caso, siendo el más reciente internacional. Según el mismo diario. La Comisión Europea (CE) pregunta al Estado español sobre el estado del empadronamiento en Ripoll y otros municipios catalanes. "Hay que recopilar más información para tener una mejor visión general de la situación en juego. La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades españolas para pedir más detalles", ha afirmado la portavoz de Interior de la CE, Anitta Hipper.
Desde la Comisión Europea se ha acordado de que para cumplir las directivas sobre inmigración legal a la Unión Europa hace falta que las administraciones garanticen el acceso de los migrantes a todos los procedimientos y trámites necesario. Hipper ha subrayado que eso implica la "concesión de los permisos de residencia necesarios". "Para garantizar la eficacia de las directivas sobre inmigración legal y evitar socavar sus objetivos, los Estados miembros tienen que garantizar el acceso a los procedimientos pertinentes. Eso se aplica a la concesión de los permisos de residencia necesarios, así como a garantizar el acceso a los derechos previstos en estas directivas", ha detallado la portavoz de Interior.
El Gobierno pide explicaciones en Ripoll
Antes que la Comisión Europea los pides información, a su vez, el Gobierno ya ha hecho lo mismo con el ayuntamiento del municipio. El delegado del Gobierno en Catalunya, Carles Prieto, ha pedido explicaciones a la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, sobre la gestión del empadronamiento en el municipio. El Gobierno ha dado 20 días hábiles al consistorio para que presente un informe sobre como se está ejerciendo esta competencia y como se están cumpliendo la normativa estatal vigente. También ha solicitado datos sobre como se están tramitando estos expedientes, qué requisitos se exigen y cuál es el plazo de resolución de las peticiones.
Prieto ha explicado que la subdelegación del Gobierno en Girona ha enviado la carta al Ayuntamiento de Ripoll a instancias suyas para conocer el detalle de la actuación municipal en torno a los empadronamientos. "Queremos ver si se cumple la legalidad, y les hemos dado 20 días para que expliquen cómo se hacen los procedimientos y si están reglados según la jurisdicción vigente", ha detallado.