El Ajuntament de Ripoll, gobernado por el partido ultraderechista Aliança Catalana y con la alcaldesa Sílvia Orriols al frente, pone trabas a los trámites de empadronamiento de la población inmigrada, de forma que quedan durante meses sin poder escolarizar a sus hijos o sin un médico asignado ni tarjeta sanitaria, a la espera de poder regularizar su situación. Se trata de una situación que afecta a un número indeterminado de personas, al menos una decena de familias constatadas, así como a cualquier recién llegado últimamente a la pequeña población catalana. Orriols, lejos de negarlo, sencillamente ha comentado a través de un mensaje en la red social 'X' (Twitter) que solo ha cumplido su programa electoral.
Algunos afectados han explicado en declaraciones a El Periódico y a Diari de Girona que un trámite que anteriormente se efectuaba rápidamente si se reunían todas las condiciones legales y se tenían todos los papeles en regla, ahora queda aparcado durante un tiempo indeterminado sin motivo ni justificación aparente. De este modo, familias de origen inmigrante no pueden empadronarse y, en consecuencia, quedan durante meses sin acceder a los derechos básicos de todo ciudadano, como poder llevar a los niños a la escuela pública o tener la tarjeta sanitaria para ir al CAP.
¿Un cambio de protocolo intencional?
Según han explicado a los citados diarios fuentes internas del consistorio que conocen el procedimiento administrativo para el empadronamiento, el nuevo gobierno de Orriols, llegado a la alcaldía ripollesa tras las elecciones municipales del pasado 28-M, ha cambiado el protocolo de actuación y ahora ningún recién llegado a la población consigue empadronarse en menos de 3 meses, que es el plazo máximo permitido por ley. Con todo, debido a las trabas administrativas, algunos inmigrantes desisten y deciden marcharse de la población.
Denunciable si se constata voluntad de discriminación
Por ley, el Ajuntament tiene obligación de empadronar a toda la población que viva en el municipio, independientemente de su origen, por lo que este nuevo protocolo podría suponer un retorcimiento de los límites de la legislación por motivos xenófobos, denunciable si se demuestra que existe una voluntad de discriminación a esas personas, según ha afirmado el director general de Drets Humans de la Conselleria d'Igualtat de la Generalitat, Adam Majó, en declaraciones a los citados diarios.
El caso de Ribera d'Ondara
El partido minoritario Aliança Catalana también ha sido noticia últimamente porque en la población de Ribera d'Ondara (Segarra) sus regidores pactaron con los de ERC una moción de censura para echar al actual gobierno del PSC en el consistorio, al denunciar una "mala gestión" del alcalde Francesc Sabanés. Por su parte, la dirección nacional de ERC inició el lunes por la noche los trámites para expulsar a la portavoz de Acord Municipal (AM) – ERC en el municipio de Ribera d'Ondara, Elisabet Jové, por este pacto. En este sentido, los republicanos censuran cualquier contacto con la extrema derecha catalana.