El Tribunal General de la Unión Europea se pronunciará el 9 de junio sobre el rechazo de Bruselas a la iniciativa ciudadana europea (ICE) de la ANC y el Consell per la República que pretendía sancionar España.

Las dos entidades registraron en mayo del 2019 una ICE que pedía a la Comisión Europea aplicar el artículo 7 del Tratado de la UE y sancionar el estado español "por la vulneración de los derechos políticos y civiles" del pueblo catalán y "por extensión de las minorías nacionales y sus representantes".

Acusan al tribunal de rechazarla "por el fondo de la cuestión"

Bruselas declaró inadmisible la petición alegando un defecto de forma, hecho que llevó la ANC y el Consell a impugnar la desestimación ante el Tribunal General de la UE (TGUE) y acusaron al ejecutivo europeo de haberla rechazado en realidad "por el fondo de la cuestión".

El TGUE es uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el otro es el llamado Tribunal de Justicia. El Tribunal General es el encargado de resolver los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y, en algunos casos, los gobiernos nacionales, mientras que el de Justicia se encarga de las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, ciertos recursos de anulación y los recursos de casación.

Una denegación que no requiere "gran explicación"

Durante la vista judicial a principios de diciembre, el abogado Gonzalo Boye declaró que "lo que molesta en realidad es el fondo de la cuestión". Un argumento que la abogada de la CE, Maria-Isabel Martínez del Peral, rebatió diciendo que "la justificación es breve, pero suficiente", según ella, no era necesario aportar una "gran explicación" sobre la denegación, y añadió que "no es tan dramático que se deniegue la petición porque se puede reformular".

Según Boye, si Bruselas hubiera "fundamentado" bien la denegación, la ANC y el Consell per la República habrían hecho "cuatro cambios" en el texto y lo habrían vuelto a presentar. "Lo que realmente les preocupa es el procedimiento público que supone la ICE", alertó.

El TGUE anunciará su decisión el próximo 9 de junio, sin embargo, sea cual sea el resultado, las dos partes pueden recurrir en última instancia al Tribunal de Justicia de la UE.

Si la CE pierde el caso en última instancia, se vería obligada a permitir una campaña de apoyo a la ICE catalana por toda Europa.

Caso independentista en Luxemburgo

Las dos entidades registraron en mayo del 2019 una iniciativa ciudadana europea (ICE) que pretende instar a la Comisión Europea a iniciar el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE para sancionar el estado español "por la vulneración de los derechos políticos y civiles" del pueblo catalán y "por extensión de las minorías nacionales y sus representantes".

Bruselas declaró inadmisible la petición alegando un defecto de forma. En concreto, la rechazó porque esta no "invitaba" explícitamente a la Comisión a "presentar una propuesta de acto jurídico". "Este es el único objetivo que puede tener una ICE", recordó el ejecutivo europeo.

La ICE de las entidades pretendía que "tanto la Comisión como el Parlamento" tuvieran "conocimiento de la situación" en España respecto de "sus riesgos sistémicos y la falta de cumplimiento de normas" europeas.

También quería que fueran conscientes de "la necesidad de activar mecanismos que permitan ayudar a la mejora de la calidad democrática en España" y de su "trato a las minorías" en el marco del artículo 7 de los tratados, entre otros.

La ANC y el Consell per la República impugnaron, entonces, la desestimación del ejecutivo europeo delante del TGUE alegando que respetaron todos los requisitos para presentar la ICE y que la Comisión Europea la tendría que haber registrado.

 

Imagen principal, vista en el TGUE por el recurso contra la denegación de la iniciativa ciudadana europea contra España / ACN