El pulso entre el abogado Gonzalo Boye y la jueza María Tardón ha aterrizado en el Tribunal Constitucional. El abogado, responsable de la defensa de Carles Puigdemont y de los políticos exiliados, ha presentado un recurso de amparo en el TC y reclama medidas cautelares urgentes ante el acceso masivo e indiscriminado a sus comunicaciones, a raíz del caso por blanqueo de capitales por el cual le investiga Tardón. Denuncia que la entrada en sus correos electrónicos y en la información de su móvil ha violado tanto la reserva en la comunicaciones con sus clientes, como con periodistas españoles y extranjeros y activistas de derechos humanos, implicados en casos abiertos ante diferentes tribunales internacionales.

El abogado argumenta que se ha infringido el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con las debidas garantías en relación con el derecho de defensa y, finalmente, el derecho a la libertad personal.

Mails y móvil

La denuncia parte del registro en el despacho de Boye, el 21 de octubre del 2019, cuando se copió la integridad de su correo electrónico profesional y se volcó toda la información de su móvil. Todo ello contenía datos de multitud de clientes, "las conversaciones, mensajes y documentación de los cuales están amparadas por el secreto profesional".

Con esto la jueza abrió pieza reservada el 30 de octubre del 2019, pero el pasado mes de diciembre se levantó este carácter reservado. Boye recurrió en contra de este levantamiento, pero se desestimó el recurso con el argumento que se había identificado las comunicaciones relevantes para al caso y se habían excluido el resto.

La defensa del abogado denuncia que la jueza para sacar esta información que considera relevante "accedió, leyó, estudió y analizó las comunicaciones entre abogado/cliente y abogado/abogado de multitud de causas penales, muchas de ellas sub iudice, con las vulneraciones que eso comporta, todo ello sin perjuicio que otras personas, funcionarios policiales y de los juzgado que han tenido acceso a todo el contenido de los correos y del móvil".

Derechos humanos

El escrito reprocha que entrando de manera indiscriminada en esta información, se ha accedido a comunicaciones muy anteriores a los hechos investigados y que afectan al trabajo de Boye con ONGs, defensores de derechos humanos, periodistas y personas a las cuales defiende en España y en el extranjero. En este punto cita casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Tribuanl General de la UE y el Tribunal de Justicia de la UE, así como ante la Comisión Africana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se refiere de manera específica a los datos que afectan Puigdemont, y los consellers Toni Comín Clara Ponsatí, a los cuales la jueza accedió de manera "masiva e indiscriminada".

Además, "al acceder ilimitadamente a su teléfono móvil y al correo electrónico se ha afectado el secreto profesional de decenas de periodistas tanto en España como en otros muchos países", denuncia el texto. De hecho, considera que es tan grave esta entrada masiva a las comunicaciones de Boye como si se hubiera hecho a la inversa, entrando en la de decenas de periodistas con los cuales mantener comunicaciones constantes en España y en el extranjero.

 

Información sensible

El texto advierte que Boye trabaja de fomar asidua con casos "extremadamente complejos de jurisdicciones tan delicadas, en materia de derechos humanos y libertades públicas, como Argelia, Guinea Conakry, Marruecos, Egipto, Palestina, Siria, Irak, Yibuti, Etiopía, Turquía, Gambia, Tanzania, Colombia, Perú, México, Panamá, Chile, etc, pero todas estas comunicaciones han quedado expuestas "por una actuación vulneradora de derechos fundamentales".

Se pregunta si la jueza es consciente de qué podría pasar a cualquiera de estas personas si sus comunicaciones son reveladas, si tan sólo se sabe que han estado en contacto con Boye. "La gravedad de la intromisión es elevada y las consecuencias están todavía para ver", advierte, además de referirse a casos concretos, de activistas y defensores de derechos humanos.

Acusación falsa

El texto recuerda que la entrada y registro del despacho de Boye se basaba únicamente en la declaración de un coprocesando, Manuel Puentes, la cual aseguran que es "absolutamente falsa", como demuestran los datos de qué dispone a la magistrada. El escrito reitera los datos, que figuran en el sumario, que demuestran la falsedad de las declaraciones que lo incriminan y reprocha que "saber que Puentes Saavedra mentía era sencillo y era de obligada comprovación".

Con estos indicios se incautaron los correos electrónicos del abogado entre el 2010 y 2019, sin ninguna limitación, en lugar de ceñirse al periodo investigado, de una hechos sucedidos el 2017, y la integridad de los datos del teléfono móvil, sin limitación de clientes, casos, fechas, personas...

Por todo ello reclama que se anule el levantamiento de la pieza reservada sobre los correos y el móvil del abogado y la declaración que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con las debidas garantías, reclama el retorno de las copias que se ha hecho del correo y el móvil, la identificación de las personas que han tenido acceso a los dispositivos y contenidos, la destrucción de cualquier copia y la exclusión de estos datos del procedimiento. Asimismo reclama medidas cautelares urgentes, entre las cuales el cierre de la pieza separada que contiene los datos y la prohibición de acceso a la información que contiene.

 

En|A la imagen principal, el abogado Gonzalo Boye en una imagen de archivo / Sergi Alcàzar