Una veintena de eurodiputados han reclamado a la Unión Europea (UE) que "afronte urgentemente los problemas con el estado de derecho en España" después de la inhabilitación de Quim Torra.
En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo, Charles Michel, y el de la Eurocámara, David Sassoli, 25 eurodiputados denuncian la inhabilitación de Torra, un hecho que consideran que muestra que "ahora mismo ningún político independentista puede tener un juicio justo en España". Además, piden a la UE que "sea honrada con sus palabras" y "defienda la democracia" en Catalunya ante procesos judiciales "altamente politizados" contra políticos y ciudadanos.
"Queremos expresar nuestro rechazo a la represión judicial contra el movimiento por la autodeterminación en Catalunya y nuestra solidaridad con el presidente Torra. Por eso, pedimos a las instituciones de la UE que sean honestas con sus palabras sobre la defensa de la democracia y protejan los derechos de los ciudadanos catalanes", dice la carta.
Entre los miembro de la Eurocámara que firman el texto hay los eurodiputados de ERC, Diana Riba y Jordi Solé, y los de JxCat, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. También la firman miembros de la Izquierda Unitaria como Miguel Urbán y Leila Chaibi, los eurodiputados vascos Izaskun Bilbao (PNV) y Pernando Barrena (Bildu) y los eurodiputados de los Verdes François Alfonsi y Benoit Biteau, entre otros.
El CGPJ
Esta carta se ha enviado el mismo día que se ha hecho público que la Comisión Europea adoptará su primer informe sobre el estado de derecho a los 27, un informe que, en el caso de España, menciona como desafíos las demoras que sufren los procesos judiciales y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Además, se hace eco de las críticas y la "discusión" sobre la independencia del ministerio fiscal, teniendo en cuenta que al fiscal general lo nombra el Ejecutivo y que no hay obligación que las comunicaciones entre ambos sean públicas.
Un borrador del informe, al cual ha tenido acceso Europa Press, no incluye una valoración o calificación general del estado de derecho en España, sino que se limita a plantear observaciones sobre el funcionamiento del sistema judicial, la legislación y las prácticas anticorrupción y el pluralismo mediático, en muchos casos recogidas de informes previos del Consejo de Europa, que es una institución ajena a la UE.