Los terroristas de Ripoll pudieron llegar a acumular más de 800 litros de acetona y peróxido de hidrógeno en la casa de Alcanar. Son dos de los materiales que sirven para fabricar el explosivo conocido como madre de Satanás, el utilizado en los atentados de París y Bruselas. Según ha publicado el diario Ara de fuentes de la investigación, haber controlado la compra de estos materiales habría permitido detectar la presencia del grupo.
Esta supervisión no se hizo aunque el Estado español está obligado por un reglamento de precursores de explosivos aprobado por el Parlamento Europeo en 2013. Esta norma es de obligado cumplimiento desde 2014, y no había que desarrollar ninguna ley para aplicarla. Sin embargo, España aprobó una en noviembre (no desarrollada), ya después de los atentados de Barcelona y Cambrils.
El reglamento europeo establece que sólo los pueden adquirir las personas "que tengan una licencia que les acredite" para utilizar estos materiales, y que cada Estado tiene que designar una autoridad a la que los establecimientos que venden estos productos puedan "alertar" de transacciones sospechosas. Este organismo -en España es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)- debe velar por que se cumpla el reglamento, encargarse de "difundirlo" e "imponer sanciones" en caso de incumplimiento. El Estado no lo ha hecho durante los últimos tres años.
De esta manera, uno de los terroristas abatidos en Cambrils pudo comprar impunemente 50 litros de acetona a una empresa de pinturas de Tortosa. También habrían utilizado la documentación de un hombre detenido en Vinaròs para comprar 100 y 240 litros de peróxido de hidrógeno el 12 y el 27 de julio.