Hacía días que las tensiones eran más que evidentes y más visibles de lo que acostumbra a ser habitual. El ejército de la India ha llevado a cabo en la madrugada del miércoles una ofensiva militar contra nueve presuntas bases terroristas situadas en Pakistán y en el territorio de Jammu y Cachemira, administrado por Islamabad. Según el Ministerio de Defensa indio, la Operación Sindoor responde a la planificación y dirección de ataques contra la India desde estas zonas, una acción que vuelve a poner el conflicto por el control de la Cachemira en el centro del escenario geopolítico del sur de Asia.
El territorio de Cachemira, situado en los contrafuertes del Himalaya, sigue siendo uno de los puntos más sensibles del sur de Asia. Desde que la India y el Pakistán se independizaron del Imperio Británico el año 1947, el control sobre esta región ha sido fuente de tensión constante entre ambas potencias. Aunque tanto la India como el Pakistán reclaman la totalidad del territorio, cada uno administra una parte, separada por una de las fronteras más militarizadas del mundo: la línea de control, establecida después del primer enfrentamiento bélico entre los dos países (1947-1948).
Los dos conflictos armados entre la India y el Pakistán
Desde entonces, la región ha sido escenario de dos conflictos armados más entre India y Pakistán, el último de los cuales tuvo lugar en 1999. La raíz del conflicto se encuentra en la partición del subcontinente indio en 1947, cuando los diferentes estados principales semiautónomos tenían que decidir si unirse a India o a Pakistán. En el caso de Cachemira, a pesar de tener una mayoría de población musulmana, su monarca optó por integrarse en la India, una decisión que desde entonces ha sido profundamente contestada.
Durante décadas, grupos armados insurgentes han luchado contra la administración india del territorio, con el apoyo explícito o tácito de una parte significativa de la población musulmana local, que ve en la independencia o en la unificación con el Pakistán una salida al conflicto. El gobierno indio acusa al Pakistán de financiar y armar estos grupos, una acusación que Islamabad ha negado reiteradamente.
La situación vivió un punto de inflexión en agosto de 2019, cuando el gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, decidió revocar el estatus especial del que desde 1949 había disfrutado la región de Jammu y Cachemira. Esta autonomía limitada permitía, entre otras cosas, restringir la compra de tierras por parte de personas provenientes de otras partes del país. Con su eliminación, se implementaron nuevas leyes que permiten a los ciudadanos indios adquirir propiedades en la zona, una medida que muchos habitantes de la Cachemira han percibido como un intento deliberado de modificar el equilibrio demográfico y reducir el peso de la población musulmana.
La anulación de la autonomía fue acompañada de un estricto despliegue de seguridad, con miles de soldados enviados a la región, la suspensión de servicios de comunicación y detenciones masivas. Aunque la medida fue bien recibida dentro de sectores nacionalistas hindúes en el resto de la India, en Cachemira generó un profundo malestar y exacerbó las tensiones ya existentes.
Los últimos bombardeos, en el marco de la Operación Sindoor, evidencian que el conflicto de Cachemira está lejos de encontrar una resolución pacífica. La escalada militar, sumada a las políticas internas de Nueva Delhi y a las tensiones geopolíticas con Islamabad, contribuye a un ambiente cada vez más volátil en la región. Mientras el gobierno indio justifica sus acciones en nombre de la seguridad nacional y la lucha antiterrorista, la población civil, atrapada entre dos potencias enfrentadas, sigue pagando el precio de un litigio que se prolonga desde hace más de siete décadas. Sin voluntad política para el diálogo y el respeto a los derechos de la población local, la Cachemira corre el riesgo de quedar condenado a una tensión crónica y a estallidos cíclicos de violencia.