El gobierno de Pedro Sánchez se está oponiendo frontalmente a que el Tribunal de Cuentas europeo tenga "acceso permanente" al control de los fondos europeos destinados a España. El ministerio de Hacienda se opone a esta supervisión europea, según informa El Mundo. La comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo ha visitado esta semana Madrid para tratar estas cuestiones, y la eurodiputada alemana Monika Hohlmeier (CSU) y otros miembros de la delegación pidieron a puerta cerrada a la secretaria de Estado de presupuestos, María José Gualda, y a la secretaria general de fondos europeos, Mercedes Caballero, un acceso total del Tribunal de Cuentas europeo para poder realizar la auditoría. Pero las dos interlocutoras españolas se negaron a ello y solo aceptaron un acceso limitado.

Oscuridad en los fondos europeos

El interés de la UE, y especialmente de Alemania, para controlar cómo se reparten los fondos europeos en España obedece a su prioridad para que se desplieguen tal como está previsto, y con las condiciones que el Gobierno ha aceptado, como la reforma de las pensiones. En rueda de prensa, Monika Hohlmeier, que encabeza la delegación de 10 europarlamentarios, no ha dudado a quejarse de que la transparencia con la que España está implementando los fondos es "susceptible de mejora". Hohlmeier ha criticado la dificultad para encontrar los datos relativos a los fondos europeos para la población y ha lamentado que no se les haya comunicado detalladamente la ejecución real contable sobre los recursos desplegados, es decir, el impacto en la economía real. Ha pedido a las autoridades españolas que garanticen que la información sobre los proyectos se publique de manera más accesible y más estructurada. Además, ha reclamado que se conozcan detalladamente los beneficiarios de los fondos.

Malestar por la reforma de la malversación

Hohlmeier ha reconocido el esfuerzo que ha hecho el Gobierno para dar "un valor añadido" a estos fondos. Pero en cambio se ha mostrado inquieta por la última reforma de la malversación, que castiga este delito con un máximo cuatro años de prisión cuando se cometa sin ánimo de lucro, cuando antes se podían imponer hasta 12 años. La reforma, pactada por ERC y el PSOE, se hizo para reducir la pena a los encausados del 1-O, pero después se han encontrado con que los jueces no lo aplican porque elevan la acusación con la etiqueta de agravada. Todo eso no ha llegado a Bruselas, y ante el cambio legislativo, la diputada alemana ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez "tolerancia cero" con la corrupción, y "garantías" de que no habrá "excepciones". "Los delincuentes siempre huelen el dinero", ha recalcado Monika Hohlmeier. Está convencida de que el cambio de la ley se ha hecho para tolerar más malversaciones.

En la fotografía principal, la eurodiputada de la CSU Monika Hohlmeier Foto: EFE