El Estado español se ha comprometido este viernes ante las Naciones Unidas a "reforzar" los derechos lingüísticos de los catalanes al aceptar el 93,5% de las recomendaciones que otros Estados miembros de la Organización han hecho en el transcurso del Examen Periódico Universal sobre derechos civiles y políticos al cual se ha sometido España estos últimos meses. Según ha expuesto este viernes ante la asamblea el representante permanente de España ante la ONU en Ginebra, Marcos Gómez, el Estado ha acogido 303 de las 324 recomendaciones recibidas, mientras que tres las ha aceptado parcialmente -por razones de orden constitucional, jurídico o presupuestario- y el resto las ha dejado de lado para aplicar en una futura fase. Si bien el representante español no ha especificado el contenido específico de cada punto, algunos de los consejos en materias como los derechos lingüísticos se han admitido completamente. En este sentido, Plataforma per la Llengua ha celebrado que España ha recibido, "por primera vez em la historia", recomendaciones "de otros Estados miembros" sobre la "necesidad" de "garantizar" los derechos lingüísticos de los catalanohablantes. Así, Maria de Lluc Muñoz, responsable técnica de Internacional de la entidad, ha asegurado que Plataforma "fiscalizará de forma exhaustiva el cumplimiento" de los compromisos adquiridos.
Plataforma per la Llengua ha celebrado el compromiso de España ante la ONU de "reforzar" los derechos lingüísticos de los catalanes. La entidad ha estado presente en las sesiones del examen, que han tenido lugar en Ginebra, y una vez han acabado ha instado al Estado a aplicar los compromisos "sin demora". "Es un paso importante para la defensa de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes, pero no nos quedaremos aquí", ha alertado Muñoz, que ha subrayado que Plataforma per la Llengua "fiscalizará de forma exhaustiva el cumplimiento de estos compromisos que ha asumido hoy de forma pública el Estado español". En este sentido, la organización recuerda que los catalanohablantes "se encuentran con barreras para acceder a la justicia en catalán" y "son discriminados lingüísticamente de manera sistemática por las autoridades estatales". También lamenta que "la lengua retrocede a la educación obligatoria" y que los "discursos de odio contra los catalanohablantes quedan impunes".
Por su parte, la ANC ha reclamado a España ante la ONU este viernes una "aplicación imparcial y proporcionada" de la ley de amnistía. Lo ha hecho Ariane Heinz, miembro del Secretariado Nacional, ante el plenario de la 60.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el discurso, Ariane Heinz ha denunciado "vulneraciones de derechos humanos" del Estado español, como por ejemplo "persecuciones infundadas" contra catalanes o la denegación del derecho a la autodeterminación, hecho del cual, a su vez, "se derivan otras vulneraciones". En la intervención, Heinz ha recordado que varios políticos y miembros de la sociedad civil catalana "se han enfrentado a procesamientos judiciales selectivos, inhabilitación y vigilancia ilegal", y ha especificado que "el espionaje digital de al menos 65 catalanes continúa sin abordarse".
Primer informe después de 10 años
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas volvió a examinar España al principio de julio, después de que el Estado estuviera debe años sin someterse el Examen Periódico Universal. Por una parte, el órgano valoró positivamente la aprobación de la ley de amnistía vinculada al procés, pero por otra, emitió un largo listado de críticas y recomendaciones en materia de derechos civiles y políticos. Los expertos de la ONU alertaron de delitos de odio contra la comunidad catalana, además de la romaní, la judía, la musulmana, el colectivo LGTBI y personas de origen africano. El Comité también señaló la "falta de rendición de cuentas" por el uso de la fuerza policial durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 y expresó preocupación por el espionaje con el software Pegasus y por las infiltraciones policiales en organizaciones independentistas.
En aquel mismo documento, la ONU también reclamó intensificar las campañas de concienciación y formación a las autoridades para combatir los delitos de odio y reclamó la falta de progresos significativos en la prevención de la corrupción. Con respecto al poder judicial, el órgano manifestó inquietud por el bloqueo y las tensiones en el seno del Consejo General del Poder Judicial, e instó a España a revisar el proyecto de reforma para reforzar su independencia e imparcialidad. El Comité, además, instó en España a derogar la ley de amnistía de 1977, al considerarla un obstáculo para que las víctimas del franquismo puedan acceder a la justicia. Esta mención se añade a su reiterada preocupación por el legado de la dictadura y por los deberes pendientes de reparación. En conjunto, los informes del Comité reconocían que, a pesar de avances como la ley de amnistía del 'procés' o el reconocimiento de derechos de las personas no binarias, en España todavía persisten grandes retos, entre ellos la gestión de la memoria histórica, la actuación de las fuerzas de seguridad, los discursos de odio hacia las minorías y la necesidad de garantizar un poder judicial independiente.