La Plataforma per la Llengua ha denunciado que el Estado español incumple la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en un informe que ha presentado ante el Comité de Expertos del Consejo de Europeo, que actualmente está evaluando el cumplimiento de la Carta. Según el estudio, que evalúa los últimos tres años, los principales incumplimientos del Estado español tienen lugar en los ámbitos de la justicia y las administraciones públicas.

El informe, coordinado por la Plataforma per la Llengua junto con la Fundación Catalunya, ha contado con la contribución de entidades de todo el dominio lingüístico, como el CIEMEN, Juristes per la Lengua, Grup Barnils, Acció Cultural del País Valencià y Escola Valenciana, Obra Cultural Balear, el sindicato balear STEI y Moviment Franjolí. Según el estudio, que evalúa los últimos tres años, los principales incumplimientos del Estado español tienen lugar en los ámbitos de la justicia y las administraciones públicas.

En el ámbito de la justicia, el informe de la Plataforma denuncia que la ley española no garantiza que se utilice el catalán en los procedimientos judiciales a petición de una de las partes y que no se exija a los jueces que pidan plaza en los territorios del dominio lingüístico el conocimiento del catalán nivel.

Cambios para hacer

Para cumplir plenamente con lo que determina la Carta Europea, el estado español tendría que reformar la ley para garantizar que el catalán pueda ser utilizado por los órganos jurisdiccionales a petición de una de las partes, como también que se tendría que exigir el requisito lingüístico a jueces, magistrados y personal al servicio de la Administración de justicia. El estado español, a pesar de advertencias anteriores del Consejo de Europa, no ha emprendido ninguna acción para cambiar esta situación, y las Cortes españolas han rechazado todas las iniciativas que buscaban revertir estos incumplimientos.

En materia de administraciones públicas, el Comité de Expertos ha dictaminado que el estado español tendría que garantizar que las autoridades administrativas usen el catalán en sus comunicaciones con los ciudadanos. Nuevamente, la falta de requisito lingüístico para muchas de las posiciones de la administración general del Estado en los territorios del dominio lingüístico catalán impide cumplir con este artículo, hecho que tiene como principal consecuencia la sucesión de casos de discriminación lingüística de catalanohablantes cuando se dirigen en catalán a funcionarios del estado español.

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