Días después de que la ONU presentara el informe del Comité de Derechos Humanos sobre la implementación Pacto de Derechos Civiles y Políticos en España y que en las conclusiones señalaran la no de aplicación de la ley de amnistía, el espionaje a 65 independentistas con Pegasus en el Catalangate, las infiltraciones policiales dentro del movimiento, el aumento de los discursos de odio contra los catalanes o la falta de información específica sobre los dictámenes que hacían referencia al derecho político de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ERC ha preguntado al Gobierno sobre esta cuestión en el Senado. Concretamente, el senador Joan Queralt pregunta al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el hecho de que el Comité se mostrara preocupado por la falta de información específica sobre la aplicación de los dictámenes sobre los casos de Puigdemont y Junqueras, Rull, Romeva y Turull contra España. Por eso, pregunta: "¿Cuándo y en qué medida piensa cumplir con su obligación de llevar a la práctica real y efectiva, los pronunciamientos de los dictámenes referidos que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le reclama?".
Los dictámenes
Ahora hace dos años, en mayo del 2023, antes de las elecciones municipales y cuando todavía faltaban días para que Pedro Sánchez convocara elecciones generales, después de las cuales necesitaría los 7 votos de Junts para mantenerse en la Moncloa, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dio parcialmente la razón al president en el exilio, Carles Puigdemont, determinando que España suspendió su mandato como diputado en el Parlament de Catalunya en el 2018 sin que hubiera sido condenado y dispuso de "razones objetivas previstas por la ley" que ampararan esta decisión. El comité concluye en una resolución que hoy se ha conocido que el Estado español ha violado el artículo 25 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Por el contrario, ha dado la razón al Estado ante la denuncia que Puigdemont presentó por el hecho de que no se le permitió ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Aquel día, Nadia Calviño, todavía vicepresidenta del Gobierno aseguraba que la resolución reafirmaba que lo que tenía que hacer Puigdemont era "venir a España para ser juzgado". Medio año después, pactaban la ley de amnistía con Junts per Catalunya.
Meses atrás, la ONU ya había concluido que España había violado el derecho político de Oriol Junqueras, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Turull. Concretamente, que se había vulnerado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 al suspenderlos de su cargo como diputados en el Parlament. Esta decisión representa "una nueva constatación que la represión política del independentismo catalán por parte del Estado español ha vulnerado gravemente los derechos humanos, en este caso, derecho político esencial en una democracia," según destacaban ERC y Junts en sus respectivos comunicados. Hacía poco más de un año que el Gobierno los había indultado, el verano del 2021.