El caso de Premià de Dalt trae cola. El hecho de que su alcalde, Josep Triadó, decidiera contratar la empresa Desokupa para facilitar desalojos en el municipio no ha dejado a nadie indiferente; hasta el punto de que Esquerra Republicana, de la mano de la Crida de Premià de Dalt, ha decidido pedir su dimisión. En un comunicado conjunto, ambas formaciones exigen la rescisión "inmediata" del contrato y el cese de "cualquier vínculo" con esta empresa que tiene fuertes vinculaciones ultras. "No podemos permitir que nuestro municipio sirva de precedente para blanquear y abrir el ámbito institucional a la extrema derecha", afirma el comunicado.
Según los firmantes del texto, la contratación de una empresa como Desokupa "pone en cuestión el espíritu democrático del equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento, a la vez que constata su fracaso con respecto a la gestión de la seguridad, y crea un grave precedente, ya que valida la contratación de cuerpos parapoliciales para funciones de orden público". En este sentido, afirman que la competencia de seguridad solo puede estar en manos del cuerpo de Mossos d'Esquadra y de la Policía Local de Premià de Dalt. El comunicado también afirma que los procedimientos de actuación "se tienen que adecuar estrictamente a los que establece la ley y la justicia y en ningún caso tienen que ser arbitrarios o bordeando los límites de la legalidad".
Los dos grupos aseguran que el anuncio de la contratación de Desokupa "ha fabricado un escenario de miedo sin fundamento" y señalan que ahora mismo no hay ninguna casa ocupada en el municipio. También subrayan que este anuncio da al alcalde "un protagonismo y un papel salvador en época de elecciones". Además, confían en que la Policía Local "actuará según la ley" de manera que el contrato "es pura demagogia y sirve para tirar el dinero".
Por otra parte, ERC y la Crida aseguran que han intentado pedir a Triadó que rescinda el contrato "por varias vías", pero lamentan que no han obtenido una respuesta favorable, "sino todo lo contrario". También critican que la contratación se ha hecho "de manera opaca" y "sin contar con el resto de concejales".
Malestar y polémica por la contratación de Desokupa
La polémica en cuestión estalló a mediados de esta semana, cuando el gobierno municipal de Premià de Dalt, formado por Junts y el PSC, anunció la contratación a través de Desokupa de un servicio de asesoramiento ante ocupaciones "mafiosas". El contrato es de un año con un coste de 3.000 euros netos, IVA aparte. El consistorio admite que la empresa utiliza métodos "alternativos", pero avisa de que las actuaciones irán siempre a cargo de la Policía Local e insiste en que el servicio contratado es únicamente de asesoramiento. Hay que recordar que esta misma semana, el Parlament aprobó una moción presentada, precisamente, por estas dos formaciones, en las que se insta a modificar el ordenamiento jurídico con el fin de facilitar los desalojos.