La nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, ha comparecido este miércoles por la tarde en la comisión de Justicia del Congreso, trámite necesario para formalizar su nombramiento al frente del ministerio público. Segarra ha denunciado el término "presos políticos" al asegurar que en "la España del siglo XXI, nadie es acusado por sus ideas, si no por sus delitos". Los partidos soberanistas ―ERC, PDeCAT y En Comú― se han vuelto pidiendo que retire la rebelión, al asegurar que el tipo penal no se "sustentaría", ya que la violencia que el Tribunal Supremo atribuye a los acontecimientos relativos del 1-O fue "inexistente".
Segarra ha denunciad entonces que "no existe una posición de la Fiscalía sobra Catalunya". "Esto no existe, hay una posición mediante dictámenes, escritos, decretos", pero no hay una "posición genérica o predisposiciones a nada", sino que el principio de legalidad regirá en todo el proceso judicial, explicó. "Se analizará hecho a hecho, y en todos ellos tendré una atención prioritaria" se ha comprometido. "Sólo me pronunciaré Cuando lleguen los momentos procesales adecuados, no me anticiparé a un escrito de acusación, sólo tras valorar todas las oruebas en el procedimiento", añadió. Ahora bien, ha recordado que "toda violación al marco constucional" tendrá una respuesta. "Sino, estaría haciendo dejadez de funciones" ha cerrado.
A la sazón, la diputada Lourdes Ciuró ha instado a Segarra a "modificar" el escrito de acusación por "delitos que no existen". Ha recordado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aboga por reformar ese tipo del código penal para adaptarlo a "nuevas situaciones". Según Ciuró, eso implicaría que la rebelión actualmente tipificada no ampararía la causa del 1-O, además, ya que hace pocos años se despenalizó la celebración de referéndums. A la sazón, la demócrata ha pedido investigar la "violencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad" y que la fiscalía no "bloquee" las querellas de los ciudadanos aquejados por las cargas policiales.
La nueva diputada de ERC, Carolina Telechea, en sustitución de la consellera de Justícia Ester Capella, ha pedido "reparar la situación" en un momento en que el papel de la fiscalía será clave en la fase media, posterior a la instrucción. "No ha existido la violencia en las pruebas practicadas, no se aguanta el tipo penal de rebelión porque la desobediencia fue civil y pacífica", ha zanjado Telechea. Esta ha invitado a Segarra ―nombrada por la ministra de Sánchez, Dolores Delgado― a no dar apoyo a las tesis de los fiscales nombrados por el PP, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar.
En último lugar, Jaume Moya, de En Comú, ha denunciado que la rebelión no se hubiera cuestionado, y ha insistido que "nunca existió" y es "desajustada" a los hechos que se relatan en los informes de la Guardia Civil.
El hecho es que la petición de las formaciones soberanistas llega después de que el Tribunal Supremo haya ratificado el procesamiento por rebelión de Carles Puigdemont y 12 investigados para el 1-O este miércoles. Eso significa que la fase de instrucción tendría que acabar en pocas semanas, aunque el Tribunal ha reiterado que la instrucción continúa después del auto de procesamiento, lo que implica que pueden salir datos nuevos sin que suponga indefensión para los procesados, siempre que no implique la introducción de "hechos que pudieran constituir un nuevo delito diferente".