El pleno del Parlament ha descartado este jueves una propuesta de los comuns para que la Brigada Móvil (Brimo) y Recursos Operativos (Arro) de los Mossos d'Esquadra dejen de actuar en desahucios de familias vulnerables, ya que sólo han votado a favor los comuns y la CUP, y en contra Vox, Cs y el PP, mientras que ERC y Junts, junto con el PSC, se han abstenido.

La no intervención de Brimo i Arro en desahucios de personas vulnerables es una de las medidas pactadas en el acuerdo que alcanzaron ERC y la CUP para investir al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que gobierna con Junts, así como modificar el protocolo de lanzamientos judiciales.

Sin embargo, para ERC, esta moción en el Parlament no es la "solución" del problema. El diputado Pau Morales ha asumido las "limitaciones" en parar los desahucios alegando que la policía judicial catalana está sometida al control judicial, pero ha pedido la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ha expresado el "compromiso del Govern" para "encontrar alternativas y cambiar protocolos".

Apoyo a revisar el protocolo y la ley de alquileres

En este sentido, todos los grupos excepto Vox y el PP han votado a favor de revisar el protocolo de lanzamientos judiciales para hacer más fluida la coordinación entre los tribunales, la Generalitat y los servicios sociales con el objetivo de "mejorar la comunicación de los desahucios" y poder iniciar "tan pronto como sea posible la mediación con la propiedad".

Aparte, otros puntos de la moción presentada por los comunes sobre las políticas "para garantizar el derecho a la vivienda" sí que han salido adelante. Así, el Parlament ha aprobado recuperar a través de una ley el Decreto 17/2019 y desplegar la Ley 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional, algunos artículos de los cuales fueron tumbados por el Tribunal Constitucional.

La cámara catalana también ha pedido al Govern que despliegue la Ley 11/2020, la norma que regula los precios de los alquileres y ha sido recurrida recientemente al TC por el Gobierno. ERC, JxCat, la CUP y ECP han votado a favor, mientras que el resto de grupos lo ha hecho en contra.

1.000 millones

La moción de los comuns ha coincidido con una de la CUP a considerar imprescindible la ley de contención de los precios de alquiler, y a pedir incrementar el presupuesto para vivienda hasta los 1.000 millones de euros anuales.

De la moción de la CUP también ha salido adelante el punto que apuesta por pactar, en un plazo de tres meses, una agenda legislativa propia que consolide el derecho a la vivienda, frene los desahucios y limite el uso turístico de las viviendas.

 

Imagen principal: Mossos participan en un desahucio en el Poble-sec / Foto: ACN