Más allá de las palabras y las buenas intenciones con los indultos a los presos independentistas, la Moncloa ha abierto un frente con el Govern de la Generalitat con la impugnación de la ley catalana de regulación de los precios de alquiler. "Es una pésima decisión", ha lamentado en nombre del ejecutivo a la portavoz Patrícia Plaja. Los servicios jurídicos estudian un recurso contra el recurso del gobierno del Estado.

"Es una mala noticia que el mal denominado gobierno más progresista de la historia se dedique a impugnar leyes sociales", ha criticado a la portavoz. El argumento del consejo de ministros para recurrir al Tribunal Constitucional la norma catalana es la invasión de competencias. En cualquier caso, desde Moncloa se ha vendido como un "gesto" cabe en Catalunya que no se haya pedido en el tribunal la suspensión automática. Esta es una potestad exclusiva que tiene el Gobierno de España cuando impugna alguna ley, puede pedir que mientras no llega la sentencia definitiva del TC se tumbe preventivamente. De hecho, era una práctica habitual del gobierno Rajoy con Catalunya.

¿Un gesto pactado?

Mientras no llegue el veredicto del TC, la ley catalana de alquileres sigue "plenamente vigente". Así lo ha confirmado Plaja durante la comparecencia posterior al la reunión del consejo ejecutivo. La portavoz ha negado que haya habido ninguna negociación con el gobierno del Estado para que no se pidiera la suspensión automática. Es más, ha invitado a PSOE y Podemos a tomar ejemplo de Catalunya y adoptar las mismas medidas en vez de impugnarlas.

Después de haberla puesto en práctica durante meses, el ejecutivo catalán tiene claro que "se ha evidenciado sobradamente la utilidad de esta medida", que aporta "herramientas imprescindibles para parar los abusos" en el precio de los alquileres. Concretamente, lo que hace la norma es fijar topes en las consideradas "áreas de mercado tenso", que corresponden a una sesentena de municipios.

Justamente este lunes se organizó una concentración de protesta delante la sede del PSC, en Barcelona, por la decisión de Sánchez de atacar la ley.

En la imagen principal, la reunión del consejo ejecutivo. / R. Moreno