"No renunciamos a nada ni permitiremos que se digan mentiras sobre aquello que hacemos para defender la lengua. Hemos oído muchas mentiras en las últimas horas". Con contundencia la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, ha defendido este lunes la vigencia del polémico acuerdo entre PSC, ERC, Junts y los comuns para, según los partidos, proteger el catalán en la escuela y defenderse del 25% del castellano que impone el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El mismo día en qué se anunció la modificación de la Ley de Política Lingüista y se supo que reconocía por primera vez el castellano en las aulas, creó un fuerte malestar entre la sociedad civil, e incluso empujó Junts a retroceder, mientras que el sábado centenares de personas protestaron en Barcelona para exigir que el catalán sea la única lengua vehicular en la escuela, en una convocatoria que recibió el apoyo de entidades soberanistas y de ámbito educativo, como ahora la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), varios consejos locales del Consell per la República, el CDR de Barcelona, y la Plataforma por la Llengua, entre otros.
Vilalta ha defendido que la modificación da seguridad jurídica a los centros, y ha asegurado que busca superar la lógica de los porcentajes en la escuela. La portavoz de los republicanos ha insistido en que tiene un amplio apoyo porque la han registrado más de 100 diputados del Parlament, y ha asegurado que a estas alturas nadie ha hecho marcha atrás, en referencia a los cuatro partidos que la trabajaron: "Hay un gran apoyo. Es una buena proposición de ley, es necesaria", ha sostenido, y ha recordado que se tiene que seguir con su tramitación por la vía rápida, sin cerrar la puerta a mejorarla a través de alguna enmienda.
A pesar de reconocer que tiene margen de mejora, ha reivindicado que si alguna cosa conseguirá esta modificación es reforzar la lengua: "Se ha dicho que era una ley que quería cargarse la inmersión, que quería imponer o dar más margen de juego al castellano. Se han dicho muchas barbaridades y por aquí no pasaremos. Si una cosa ha hecho ERC desde el inicio de sus días es defender la lengua", ha insistido.
Todo llega después de que Junts condicionara el jueves por la noche el apoyo a este acuerdo que inicialmente se había suscrito, y trasladó al resto de grupos la necesidad de encontrar un "imprescindible consenso" con las entidades en defensa de la lengua y la comunidad educativa. Tan pronto como los de Carles Puigdemont se pronunciaron, ERC acusó a Junts de dinamitar el acuerdo: "El acuerdo al que hemos llegado este jueves es sólido y es el más razonable para garantizar el modelo y la enseñanza en catalán. Y ahora eso se quiere poner en peligro", compartieron los republicanos en un comunicado.
Críticas a Sánchez
Más allá de la cuestión del catalán Vilalta ha acusado la Moncloa de tomar decisiones tarde para hacer frente al impacto económico de la guerra de Ucrania. Este lunes Pedro Sánchez ha anunciado una bajada generalizada de combustible de veinte céntimos por litro para toda la población. "Hasta que la gente no ha tenido el agua en el cuello no se han puesto a tomar decisiones", ha lanzado Vilalta, que ha criticado la lentitud del gobierno del estado a la hora de tomar medidas, y ha exigido que no siguen ayudando "a los de siempre", en relación a los oligopolios, y ha exigido ayudas directas para las familias.
Jocs Olímpics d'Hivern
Vilalta también ha reaccionado al anuncio que el Comité Olímpico Español (COE) ha oficializado este lunes el acuerdo técnico entre Catalunya y Aragón sobre la distribución de disciplinas de cara a los Juegos de Invierno 2030, después de los últimos reproches entre el gobierno aragonés y el catalán. Vilalta se ha limitado a decir que parece que hay un acuerdo a nivel técnico, pero que será la ciudadanía la que decidirá si se tienen que celebrar o no: "En lo qué nosotros trabajamos es en garantizar la consulta en Catalunya para que la ciudadanía pueda decidir". Una declaración que llega sin saber todavía qué territorios votarán. Junts y la CUP reclaman incluir a la consulta el Solsonès, el Berguedà y el Ripollès, mientras que el presidente Pere Aragonès se ha atribuido la potestad para decidirlo.