La reforma de la ley de Política Lingüística anunciada hoy con el objetivo, según sus promotores, de blindar la inmersión se ha acabado convirtiendo en una nueva crisis en el espacio independentista. La iniciativa, que ha sido acordada por PSC, ERC, Junts y comuns, defiende afianzar el catalán como lengua "normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje" pero añade que también se utiliza el castellano en la enseñanza en los términos que fije los proyectos lingüísticos de cada centro. Esta noche después de una larga reunión del grupo parlamentario, Junts ha puntualizado el apoyo y ha trasladado al resto de grupos la necesidad de encontrar un "imprescindible consenso" con las entidades en defensa de la lengua y la comunidad educativa. Fuentes del partido advierten que el acuerdo descarrilará si no se consigue este consenso. ERC ha acusado a Junts de dinamitar el acuerdo por partidismo.

La CUP, que precisamente ayer presentó en el Parlament una proposición de ley para blindar la inmersión lingüística ante la sentencia del Supremo que impone un 25% de castellano en las aulas, ha sido la primera a reaccionar. El diputado Carles Riera ha acusado a ERC y Junts de rubricar la sentencia de muerte del catalán, mientras el resto de diputados cupaires cargaban contra la iniciativa a través de las redes. No han sido, sin embargo, los únicos, dado que las protestas se han multiplicado entre las entidades y también en la órbita de Junts. El expresident Quim Torra ha reprochado en las redes el pacto y lo ha rechazado con un "no en mi nombre". 

 

Junts condiciona el acuerdo

Todos estos movimientos han impactado en el grupo parlamentario de Junts i el malestar se ha ido extendiendo entre los diputados, una parte de los cuales se han quejado a la dirección, que encabeza Albert Batet, argumentado que desconocían el acuerdo. El grupo de Carles Puigdemont ha debatido el tema mientras el pleno estaba reunido y ha continuado cuando ha acabado la sesión y el resto de grupos han abandonado el edificio. El secretario general, Jordi Sànchez, ha participado al encuentro, en la cual, al acabar el pleno, se ha incorporado la presidenta del Parlament, Laura Borràs. 

A las nueve de la noche, Junts ha hecho pública una nota en respuesta a las críticas de las entidades defensoras de la lengua y de la comunidad educativa, dónde asegura que ha trasladado en los grupos parlamentarios "la necesidad de encontrar un imprescindible consenso mayoritario con las entidades y la comunidad educativa". "Desde hoy mismo nos ponemos a trabajar con estas entidades para construir este nuevo consenso, indispensable para avanzar en la tramitación de la proposición parlamentaria", advierte. Junts ha trasladado este posicionamiento al president, Pere Aragonès, y a los responsables de los grups de ERC, PSC y los comuns.

Demòcrates, preguntará a las bases

También Demócratas, que forma parte del grupo de Junts, ha anunciado en un comunicado que no se siente interpelado por el acuerdo y que preguntará a sus asociados a través de una consulta cuál tiene que ser su voto en el Parlament, donde cuenta con la diputada, Titón Lailla. Demòcrates reprocha que no han sido consultados sobre esta reforma, con la cual, advierte, se abre la puerta a convertir el castellano en lengua vehicular.

Al goteo de declaraciones contrarias a la reforma de la ley de política lingüística se ha añadido a lo largo de la tarde el Consell per la República, que preside Carles Puigdemont, que ha advertido que la inmersión lingüística y la escuela catalana son pilares irrenunciables del país. "Sólo podemos proteger el catalán si es la lengua vehicular única de nuestro sistema educativo", ha señalado a través de un tuit.

Por la noche, después de que Junts hiciera pública la nota en que matiza el apoyo al acuerdo, ha sido Carles Puigdemont quien ha rechazado la propuesta.