Después de que la sala de justicia del Tribunal de Cuentas haya aceptado que la Generalitat aporte a través del Institut Català de Finances los 5,4 millones de euros que el tribunal exige a 34 excargos por la acción exterior del Govern de 2011 a 2017, se han multiplicado las reacciones en el independentismo. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha calificado los avales de "jurídicamente impecables", mientras que ERC ha hecho un comunicado poniendo en valor que la rectificación del TC reconozca que el aval era "plenamente legal", y ha dicho que la medida es "fruto del trabajo conjunto del Govern".
"La decisión del Tribunal de Cuentas de aceptar finalmente el aval del Institut Català de Finances es el resultado del recurso interpuesto por una decena de miembros de Esquerra Republicana, entre los cuales el presidente del partido, Oriol Junqueras, y el vicesecretario de Prospectiva y Agenda 2030, Raül Romeva; así como de los recursos presentados por la Generalitat y el resto de las defensas", remarca el partido, en una nueva victoria del independentismo donde todo el mundo reivindica su parte: el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, por su parte ha hecho valer el trabajo del conseller de Economía, Jaume Giró, y de Junts per Catalunya: "El ruido y las apariencias de diálogo no ayudan. Nunca. El trabajo decidido y coherente sí", ha lanzado Sànchez.
Precisamente el pasado mes de octubre ERC anunció que había pagado dos de los casi cinco millones y medio euros que el Tribunal de Cuentas reclamaba como fianza para los ex altos cargos que estuvieron en el Govern entre 2016 y 2017. Después de la decisión del Tribunal de Cuentas que evita el embargo y les permite recuperar las cuantías económicas y los bienes depositados, los republicanos han explicado que reclamarán la devolución de los más de dos millones que depositaron.
Expectativa
Más allá de este anuncio, desde de ERC subrayan que el posicionamiento hecho público del TC es el primero después de su reciente cambio de composición, y evidencia un cambio de criterio. En este sentido, los republicanos quedan a la expectativa de si esta modificación de los criterios abusivos aplicados hasta día de hoy es puntual o si se reflejará, también, en las futuras resoluciones del tribunal.
Con todo, Esquerra Republicana señala que el aval no es una solución de fondo, sino "un remedio puntual contra la amenaza brutal que sufren las personas encausadas y sus familias". De hecho, los republicanos recuerdan que, en caso de que el Tribunal de Cuentas dicte sentencia condenatoria, serán los mismos encausados quien tendrá que hacer frente efectivo al pago, que superaría, sumando todas las causas, los 9 millones de euros.
Tensión y ley
Estos avales se convirtieron durante el otoño en un foco de tensión entre los socios del Govern. Junts reprochó públicamente a los de Oriol Junqueras haber explicado que se habían encargado de los avales, incluidos los de Puigdemont: "ERC ha presentado avales para salvaguardar la responsabilidad solidaria que recae sobre el conseller Raül Romeva y no ha presentado ningún aval individualizado. Y en ningún momento se ha puesto en contacto con el presidente Carles Puigdemont por ninguna gestión relacionada con este tema".
Más allá del alboroto, la semana pasada durante el pleno del Parlament se aprobó el proyecto de ley para la creación de un fondo complementario de riesgos, una norma que tiene como objetivo proteger todos los servidores públicos y hacer frente a las reclamaciones judiciales o administrativas a trabajadores y altos cargos.