Joaquín Urías (Sevilla, 1968), profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, fue letrado del Tribunal Constitucional, durante cinco años, desde 2005 hasta 2010. Ha participado del equipo de observadores nacionales e internacionales que han acudido sesión tras sesión al juicio al procés en el Tribunal Supremo. A las puertas de la sentencia, que llegará después de las vacaciones de verano, es muy pesimista sobre lo que pueda salir de la sala presidida por Manuel Marchena.
El Tribunal Constitucional decidió no hacer pública una sentencia sobre la tramitación de la Ley de investidura a instancia. ¿Le parece normal?
El tribunal dicta sentencias y las publica cuando toca. No tengo realmente elementos de juicio. La Constitución obliga a que las sentencias del Tribunal Constitucional se publiquen en el BOE. Más allá, lo que ha hecho el servicio de prensa del tribunal publica las que consideran relevantes. Pero es cierto que uno puede sospechar que la política informativa del tribunal no es neutral.
Igual no es neutral...
La política de comunicación de una institución del Estado debería ser neutral. Y entonces es legítimo preguntarse por qué unas sí y otras no. Pero no tenemos elementos de juicio de verdad para saber cuáles sí y cuáles no y por qué.
Y más allá de este caso, ¿los tribunales se han convertido en actores políticos en España?
Los altos tribunales sí, y sin duda el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional siempre ha sido un actor político, y tiene que serlo necesariamente porque decide si las leyes son válidas o no. Y eso son decisiones que no son puramente técnicas. Pero que el Tribunal Supremo se haya convertido en un actor político de primera magnitud es muy novedoso en la democracia española. Y desde hace dos años, al hilo de Catalunya pero no solamente, se ha convertido en eso.
¿El gobierno de los jueces?
La dirección del país no está en manos exclusivamente del poder legislativo y el poder ejecutivo. Muchas decisiones las está tomando el Tribunal Supremo y con contenido político. Los mismos nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, que está nombrando a jueces del Supremo saltándose todas las normas y sin que haya manera de frenarlo, demuestran que el Supremo cada vez más es un poder fuera de control.
¿Algún ejemplo?
Fue muy significativo el no permitir que Oriol Junqueras tomara posesión como eurodiputado. Esa decisión no tiene explicación jurídica. Cuando el Supremo empieza a tomar decisiones que no tienen explicación jurídica, y que sólo tienen explicación política, estamos acercándonos al gobierno de los jueces. Asume competencias que no tiene.
¿Y ha sido algo deliberado, voluntario, o involuntario, por dejadez de los políticos?
Yo creo que dentro del Tribunal Supremo tienen la conciencia de que están asumiendo un papel que no les corresponde, pero que lo tienen que hacer ellos porque los políticos no lo quieren hacer. Pero ese papel de salvador de España es un papel que no tienen. No es quien tiene que decidir si en España una persona que tiene votos puede o no puede acceder a su cargo de diputado. Eso es un disparate. El problema es que por encima del Tribunal Supremo no hay nadie. No hay un poder que lo controle. Y los jueces se salen de su espacio legítimo, asumen competencias políticas, y no hay nadie que los pueda controlar. El Tribunal Supremo cada vez más es un poder fuera de control y un poder que empieza a ser una amenaza para el orden democrático español.
El impedimento a Junqueras para tomar posesión del cargo no tiene explicación jurídica.
¿Y ese escenario a qué nos aboca?
El único límite al poder judicial es el autocontrol. Si el Tribunal Supremo pierde el autocontrol, si empieza a acaparar parcelas que no le corresponden, pues cada vez es más difícil entender de dónde viene la legitimidad democrática de algunas decisiones. Nos lleva a un agujero en la democracia que empeora la calidad del sistema.
Recientemente también hemos tenido el aval del Tribunal Constitucional en la aplicación del 155...
Es una mala sentencia. La he leído despacio y encuentro muy pocos argumentos. El Tribunal Constitucional ha ido a lo más fácil, a lo más evidente. Tenía que interpretar el 155 en el marco de la Constitución. Y el único límite que ha impuesto es temporal, que no puede ser para siempre. Con la sentencia del 155, el tribunal ha reducido muchísimo el espacio para el Estado autonómico. España es cada vez más un Estado centralista. Cada vez las comunidades autónomas tienen menos competencias. Y ahora el TC viene a decir que cuando el el Ejecutivo central quiera puede quitar cualquier competencia a cualquier comunidad, incluso competencias legislativas. Es una deriva muy grave.
¿Y este tipo de decisiones están llevando al colapso del sistema autonómico?
Más que al colapso al cambio del sistema. Las comunidades autónomas cada vez tienen menos capacidad de autogobierno. Donde la Constitución del 78 decía que los ciudadanos andaluces, vascos o catalanes pueden decidir su propio futuro en muchos espacios, ahora el TC viene a decir que no. Eso es lo que está pasando.
Usted ha participado del equipo de observadores nacionales e internacionales desde el juicio al procés. ¿Con qué sensación se ha quedado?
Un poco agridulce. Ha sido un juicio muy público. Afortunadamente la transparencia ha servido para que se haga un juicio en apariencia más o menos respetable. No ha habido grandes vulneraciones de derechos procesales. Ha habido alguna, como que no se ha permitido exponer a las defensas todos sus argumentos con claridad o que el tribunal sentenciador siempre ha tomado partido a favor de la acusación. Pero en general, formalmente, ha sido un juicio bastante justo. El problema va a ser la sentencia. Se da a entender que el juicio va por un lado y la sentencia por otro completamente diferente.
¿Y cree que ya está escrita?
Bueno, en estos días la están escribiendo. Mi miedo es que la acusación que haya en la sentencia seguramente no tenga nada que ver con lo que se ha dicho en el juicio. Cualquier español que haya seguido el juicio ha podido ver que ahí no había nada de sedición ni nada de rebelión. Si la sentencia, como parece ser, acaba condenando por rebelión o sedición, va a ser muy difícil de explicar. Podemos encontrarnos con una sentencia que habla de cosas de las que no se ha hablado en ningún momento en el juicio.
¿Y qué le hace pensar que eso será así?
Es una hipótesis. A mí el hecho de que la Fiscalía, cuando presenta sus conclusiones definitivas, no haya cambiado un milímetro la convicción inicial de que es una rebelión, de que ha habido un alzamiento violento contra el poder establecido, en algo que a lo largo del juicio se ha demostrado que no es así, da a entender que es muy posible que el Supremo vaya en esa línea.
¿Los acusados tienen recorrido en Estrasburgo en estos momentos?
En este momento la mayoría de los asuntos que han planteado todavía no pueden ser resueltos. Uno de los asuntos principales para mí tiene que ver con la prisión provisional. Fue una prisión mal declarada y que vulnera sus derechos. Recientemente el Tribunal Constitucional por fin ha ratificado alguna de las prisiones provisionales y ahora se les ha abierto la puerta para ir a Estrasburgo. Pero es algo muy reciente y en ese tema yo creo que Estrasburgo puede tardar un tiempo en pronunciarse.
Con la sentencia del 155, el TC ha reducido muchísimo el espacio para el Estado autonómico. España es cada vez más un Estado centralista
Ese es otro de los temas de debate: la prisión preventiva. ¿Se ha abusado de ella en España?
Sí, sí, absolutamente. La comparación del caso del procés con otros casos recientes, el mismo caso de la Manada, demuestra un abuso con fines políticos. A mí me parece muy bien que los acusados de violar repetidamente a una mujer, mientras esperan sentencia definitiva, estén en libertad. Incluso después de haber sido condenados por primera vez han estado esperando en libertad. Y no entiendo cómo, a la vez que pasa eso, a una serie de personas que se las acusa de un delito político se las tenga en prisión diciendo que en la medida en que no cambien su ideología van a seguir en prisión. Es una utilización política de la prisión sin ningún lugar a dudas.
También tenemos casos recientes como el de Sandro Rosell, que tras dos años en prisión al final fue absuelto.
En España con frecuencia se ha abusado de la prisión provisional. Yo estoy contento cuando veo los pocos casos en los que no se hace. El problema es que en el asunto del procés se ha abusado con una finalidad política, con la finalidad de doblegar aparentemente a unas personas. Se llegó a decir que si ellos renunciaban públicamente a su ideología se les ponía en libertad, y se les puso en libertad un tiempo. Eso pone en evidencia que la decisión no fue estrictamente jurídica.
Y en este caso también ha habido informes del Grupo de Trabajo de la ONU. Y la reacción ha sido muy parecida al rechazo de las euroórdenes: que no nos entienden.
Cualquier decisión favorable a los intereses de los acusados --aunque sea pequeña-- que venga de un organismo internacional, ya sea Estrasburgo, un tribunal alemán o Naciones Unidas, los jueces españoles van a decir que el resto de jueces del mundo no comprenden el derecho español. Es un disparate, porque a todos esos organismos España envía cada pequeño detalle, cada acta traducida del procés. Y en eso se van a escudar siempre para cualquier decisión del futuro.
Pero es que dentro incluso de España decenas de juristas ponen en duda las acusaciones.
Sí, pero frente a la acusación interna el Supremo está por encima. Pero cuando vienen de fuera, se siente más incómodo. Hemos visto algo tan poco usual como que se han utilizado autos del Supremo para atacar de manera descarada tanto al grupo de trabajo de Naciones Unidas como a los jueces alemanes. Tenemos dos autos del Supremo que están dedicados a acusar a un organismo internacional. Es un disparate. Pone al Supremo a un nivel de otras épocas.
¿Y hay alguna sentencia buena que pueda salir de la sala segunda del Supremo?
El Tribunal Supremo se ha metido en un asunto político, para el que ni siquiera tenía competencia. Y el propio Supremo sabe que los efectos van a ser políticos. Yo soy muy pesimista respecto a la sentencia. Supongo que intentarán que esté bien fundada y que parezca una sentencia bien hecha. Pero en el fondo de la cuestión, si hubo rebelión o sedición, la decisión va a ser política aunque sean capaces de fundarlo técnicamente. Y creo que la decisión va a ser dura, porque va a ser tomada por quien cree que tiene la competencia de salvar la unidad de España.
El Rey ha intentado ganar legitimidad como defensor de la unidad de España. Pero la manera en que lo ha hecho ha sido muy torpe.
Después de la sentencia, ¿ve a Pedro Sánchez dispuesto a coger el toro por los cuernos? Por el momento se lo mira todo desde la barrera.
La única solución para "pacificar" la situación, una vez que haya una condena y fuera muy dura, será un indulto. El problema es que el indulto de Pedro Sánchez lo veo difícil en este momento. Para dar un indulto tendría que estar en una posición muy valiente, buscando la paz con Catalunya y tener una mayoría sólida. En este momento yo no creo que se den las circunstancias. La incertidumbre sobre la investidura también añade incertidumbre sobre el indulto. Evidentemente no va a indultar antes de unas elecciones o si los presupuestos dependen del apoyo de Cs o el PP
El Rey también ha sido objeto de discusión en el Tribunal Constitucional, que tumbó la reprobación que hizo el Parlament.
Cualquier jurista de bien tiene que ser muy crítico con esa sentencia. Es una de las peores sentencias que yo conozco del Tribunal Constitucional. Es una sentencia servil, en la que dibuja un modelo de monarquía que no es el actual. Lo que viene a decir la sentencia es que al Rey no solamente no se le puede exigir responsabilidad jurídica y política, sino que ni siquiera se le puede censurar. Aunque el Rey cometa un acto ilegítimo, un parlamento elegido democráticamente no puede ni siquiera expresar una censura sin efectos jurídicos. Sinceramente yo creo que eso se sale del sistema.
Impunidad no solo judicial...
Fíjate que incluso estos días ya nos ha traído el primer problema. La Casa Real publicó un comunicado, sin refrendo --que es inconstitucional porque no trae la firma de la presidenta de las Cortes--, en el que el rey dice que no va a hacer nunca más una investidura como la anterior en la que encargó la investidura a un candidato que todavía no tenía los apoyos cerrados. Pues incluso aunque haga eso inconstitucionalmente, mañana el Parlamento español no puede aprobar una resolución diciendo que no está de acuerdo.
¿Y qué papel ha jugado el Rey en esta crisis territorial?
Ha intentado ganar legitimidad como defensor de la unidad de España. Pero la manera en que lo ha hecho ha sido muy torpe. En el discurso del 3 de octubre el Rey se presentó como el rey de la mitad de los catalanes. Personalmente dijo que se identificaba con los que no habían votado a los independentistas. Un rey no se puede identificar con una parte de la población. El Rey en ese momento ha decidido que no quiere ser el rey de todos los catalanes. No ha sido un papel neutral y creo que le va a pasar factura tarde o temprano