La ley que permitía la investidura a distancia, aprobada por el Parlament, fue tumbada el pasado abril por el Tribunal Constitucional. No obstante, ahora hace dos semanas, el 15 de julio, el alto tribunal avaló su tramitación, hecha por la vía de urgencia y lectura única. Sorprendentemente, sin embargo, la decisión no se ha conocido hasta hoy, cuando lo ha hecho público el vicepresidente de la cámara Josep Costa. Fuentes del TC niegan intencionalidad política, pero admiten que no la hicieron pública, ni la colgaron en su página web ni la distribuyeron entre la prensa como hacen con el resto de decisiones relevantes que tienen que ver con el conflicto catalán. Es decir, pasó totalmente desapercibida de la opinión pública. Desde el tribunal insisten en que no hacen públicas todas sus sentencias y que siempre acaban publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Concretamente, en su decisión del pasado 15 de julio, los magistrados decidieron desestimar el recurso de amparo que había presentado el grupo parlamentario del PSC-Units per Avançar. En su momento, los socialistas argumentaron que la reforma de la Ley de Presidencia por el procedimiento de urgencia había conculcado los derechos de la minoría parlamentaria, un extremo que no comparte el alto tribunal, que dio la razón a los servicios jurídicos del Parlament.

 

Eso ha generado la protesta del vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, que la ha hecho pública: "Resulta que el día 15 de julio el Tribunal Constitucional resolvió que la tramitación por urgencia y lectura única de la reforma de la Ley de Presidencia sobre la investidura fue correcta. Pero ni se hizo ninguna nota de prensa ni encontraréis la sentencia en la web del TC...".

Dejando de lado su tramitación, el pasado 4 de abril el Tribunal Constitucional declaró nula la ley del Parlament que permitía la investidura no presencial del president de la Generalitat y la celebración de reuniones del Gobierno por vía telemática. La norma, que buscaba facilitar la investidura de Carles Puigdemont, fue aprobada por la cámara catalana el 8 de mayo del 2018. Fue impugnada por el entonces presidente español Mariano Rajoy. El alto tribunal advirtió al Govern y el Parlament del deber de paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar su decisión.