"Si la comisión es legislativa, iría contra la sentencia del Tribunal Constitucional". Así ha justificado la portavoz del PSC, Esther Niubó, la negativa del PSC a asistir a una comisión sobre la transición nacional y proceso constituyente que proponen Junts pel Sí y la CUP para esta legislatura. No lo haría ni siquiera si fuera de estudio, como fue la del derecho a decidir durante el mandato anterior, en la cual el PSC de Pere Navarro se sumó –aunque pidió dejarla "sin efecto" por considerarla innecesaria después de que CDC, Unió, ERC e ICV-EUiA pactaran la fecha y la pregunta de la consulta del 9N del 2014–.
"Ya sabemos la utilidad", ha dicho Esther Niubó. De hecho, fuentes del PSC explican que participar en la comisión del derecho a decidir era coherente en 2013 cuando Pere Navarro defendía una consulta legal y acordada, pero con el actual programa socialista a favor de una reforma constitucional encuentran que sus electores no entenderían que asistieran a una comisión de desconexión. "Por ahora no creemos en esa vía", ha añadido Niubó.
Por su parte, Ciudadanos no sólo ha rechazado ir a esta comisión parlamentaria sino que estudia impugnarla ante el Tribunal Constitucional. A cambio, ha anunciado que quiere impulsar una comisión contra la corrupción, a la cual ha pedido al resto de partidos que se sumen.