El pasado 14 de julio el gobierno de España aprobó la orden HAP/1169/2016 con la que establece el cierre de cajas del sector público, es decir, que no se pague nada más que no haya sido aprobado, figure o no en los presupuestos, o sea obligado.

La decisión ha sido tomada para que la Comisión Europea no sancione al Estado por incumplimiento del déficit público. La Comisión decidirá al respecto el próximo 27 de julio. Hace sólo unos días ya anunció que, si fuera el caso, dejaría de financiar un listado de programas en España:

Las consecuencias son drásticas y ponen a España al borde del precipicio. Por efecto de la mencionada orden, todas las partidas presupuestarias que no hayan sido tramitadas en la última fase (Fase D) no se ejecutarán, independientemente que hayan sido presupuestadas, exceptuando aquellas que se deriven de obligaciones legales ya tramitadas, como contratos firmados y tramitados, pensiones, salarios de los funcionarios, prestaciones de desempleo o el pago de la deuda.

La fecha límite para tramitar gasto es el próximo 28 de julio. Las partidas presupuestarias que no hayan llegado a esa fase en esa fecha sencillamente se cierran. Crédito presupuestario cerrado. Para muchas autoridades y gestores públicos es un dolor de cabeza importante.

La medida aclara el panorama electoral español, pues es una contraindicación severa para unas terceras elecciones. La no formación de gobierno implicaría la intervención de las finanzas públicas españolas por los hombres de negro del Banco Central Europeo, escenario que impulsaría seguro al PP y dejaría al resto en una situación muy comprometido. Es la noticia más relevante sobre la economía española desde la bancarrota de las cajas de 2012.

España afronta unas semanas decisivas. Se enfrenta a su fiscal cliff (precipicio fiscal) y quien sabe si todos los movimientos de las últimas horas se explican por esta situación.