Después de que el The New Yorker y Citizen Lab destaparan el caso de espionaje del Estado español a varias personas y representantes del independentismo, conocido como CatalanGate, voces de dentro y fuera del Estado han pedido explicaciones y todos los ojos se ponen sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según fuentes próximas al servicio secreto español citadas por El País, el software Pegasus se adquirió durante la primera mitad de la década pasada por un valor inicial de seis millones de euros, aunque el coste total sería mucho mayor, ya que este depende de su uso. Las mismas fuentes afirman que el CNI justificó la compra de este software para espiar en el extranjero, donde los espías tienen que operar al margen de la ley, no en España. Entonces, ¿cómo acabó Pegasus en el móvil de presidents de la Generalitat, políticos, abogados y activistas catalanes?
Si el motivo para comprar Pegasus era espiar en el extranjero, habría que saber por qué terminó en los dispositivos de independentistas catalanes. El País solo ha recibido la respuesta en la cual se está enrocando el servicio de Inteligencia español: el CNI "actúa siempre con plena sumisión al ordenamiento jurídico". Con todo eso, el CNI se refiere al hecho de que la ley española ya prevé que se puedan pinchar teléfonos, pero tendría que ser con permiso judicial. Es decir, un juez tendría que considerar necesario y autorizar al CNI a que pinchase masivamente los teléfonos de miembros destacados del independentismo. Según las fuentes próximas al servicio de Inteligencia, este movimiento sería muy arriesgado y consideran que ningún magistrado del Supremo se jugaría la carrera autorizándolo. A su vez, el pasado martes, el mismo Supremo no aclaró si había dado permiso para usar este software.
De manera que la pregunta sigue abierta: ¿qué hacía Pegasus en los móviles de políticos catalanes cuando es un software destinado al extranjero y no se ha encontrado ningún registro legal que autorizara su aplicación? Las fuentes próximas al CNI abren algunas posibilidades, como que el software finalmente fuera adquirido por agencias privadas, una hipótesis que en sí hace aguas, ya que la empresa que comercializa Pegasus solo vende a los estados. Mientras el CNI se desentiende de este caso de espionaje masivo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá en el Congreso para dar explicaciones, según anunció el pasado martes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
Relaciones dañadas
Entre las consecuencias del CatalanGate se encuentra la relación entre la Generalitat y el Gobierno, la cual, según el president Pere Aragonès ha quedado maltrecha. "La confianza está dañada, y hace falta que el Estado se mueva", ha declarado Aragonès, acompañado del Gobierno. El president de la Generalitat ya ha pedido una conversación "cara a cara" con el presidente español, Pedro Sánchez, para aclarar la responsabilidad del Estado con el espionaje. "Un estado democrático no espía a la ciudadanía, a un movimiento democrático, ni escucha las conversaciones privadas de los adversarios políticos de su gobierno", ha sentenciado Aragonès.
Aragonès no ha sido el único que ha puesto en duda la confianza para dialogar o mantener relaciones con la Moncloa después de lo que ha sucedido, el president en el exilio, Carles Puigdemont ha afirmado: "No puede continuar todo igual". "El Gobierno no puede hacer ver que no ha pasado nada, que todo tiene que continuar como hasta ahora," ha avisado y ha añadido: "Tenemos que orientar nuestras acciones teniendo en cuenta esta nueva realidad".