Entre los detenidos esta semana en Girona no todos eran alcaldes, activistas o "sobrinos de Quim Torra". En medio, había un fotoperiodista, Carles Palacio, que estaba cubriendo la protesta pacífica del 1-O para El Nacional. Cuando salía de un bar de comida este miércoles, junto con otro compañero de profesión, fue interceptado por agentes de paisano y llevado a la comisaría de la Policía Nacional, sin tan siquiera dar explicaciones.

La gran prueba que tenían contra él, investigado por desórdenes públicos, era una fotografía donde se le identificaba en medio de los miembros de los CDR que cortaban las vías del AVE en Girona. A la policía no le importó que, justamente en la imagen que servía de prueba, se le viera con la cámara en la mano y con el brazalete naranja fluorescente con el que se identifica a la prensa en este tipo de actos. Tampoco se molestaron en hacer una búsqueda mínima para confirmar que estaba trabajando.

Este caso está lejos de ser una anécdota, sino que se trata de una constante que se ha ido repitiendo a lo largo del procés, especialmente desde las semanas previas al referéndum del 1-O, y que ha superado las fronteras del mismo procés. La policía entrando en redacciones o los responsables de los medios sentados en el banquillo de los acusados han sido imágenes que se han repetido en tiempos recientes.

Sin ir más lejos, los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, tendrán que declarar el próximo miércoles ante el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el que abrió la causa contra el 1-O. Están siendo investigados por los posibles delitos de malversación de fondos y desobediencia a los tribunales por emitir los anuncios del referéndum. El pasado octubre, la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, ya tuvo que dar explicaciones en sede judicial.

El mismo operativo del Estado español contra el referéndum del 1-O empezó en un medio de comunicación. El 9 de septiembre, la Guardia Civil irrumpió en la redacción del semanario El Vallenc de Valls. El objetivo era encontrar urnas, papeletas y sobes, siguiendo las órdenes del juzgado de guardia de Tarragona, pero se fueron con las manos vacías. Su director, Francesc Fàbregas, acabó imputado por tres delitos: desobediencia, prevaricación y colaboración en la malversación de dinero público. Según Fàbregas, estar en el foco mediático por una cuestión policial ha acabado teniendo efectos negativos para la empresa: una bajada de publicidad de entre un 12% y un 15%.

Una semana más tarde, la visita de la Guardia Civil la recibieron cinco medios privados: El Nacional, El Punt Avui, Nació Digital, Vilaweb y Racó Català. Entregaron a los responsables directivos de estos diarios una notificación del TSJC que les reclamaba "abstenerse de incluir en su medio propaganda o publicidad relativa al referéndum del 1 de octubre". Y advertía: "En caso de hacerlo podrán incurrir en responsabilidades penales". El 20 de octubre de 2017, algunos de los responsables de estos medios fueron citados a declarar en el cuartel de la Guardia Civil en la Travesía de Gracia.

En las semanas anteriores y posteriores al 1-O, hay registrados al menos 63 incidentes con respecto al trabajo de los periodistas

Quien también ha sido procesado –por un delito de injurias—son los dos directores de la revista satírica El Jueves. No es la primera vez que los responsables de la publicación son víctimas de la persecución de los poderes del Estado, incluso con el secuestro de ejemplares. ¿El motivo? Una noticia en claro tono humorístico publicada cuatro días después del referéndum en su versión web: "La continua presencia de antidisturbios acaba cono las reservas de cocaína en Cataluña". La magistrada del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona argumentaba que "los textos e ilustraciones comportaron una ofensa y una falta de respeto a los miembros del Cuerpo de la Policía Nacional, sin que ni unos ni otras tuvieran soporte en ninguna clase de base fáctica". La fiscalía ha pedido el archivamiento.

En la búsqueda de las papeletas, los sobres y las urnas para celebrar el referéndum, la policía también registró y requisó material en varias imprentas. Por otra parte, Òmnium Cultural denunció el 16 de septiembre cómo Correos había detenido el reparto de una buena parte de los 60.000 ejemplares de su revista, coincidiendo con la celebración de la Diada. La publicación incluía un banderín con la palabra "democracia" y una guía para el referéndum. En Catalunya, pero también en el resto del Estado, varias instituciones prohibieron actos y debates en torno al 1-O.

Estos son sólo algunos de los casos más locos, excluyendo las agresiones o intimidaciones por parte de grupos ultras y todo el capítulo relativo a la libertad de expresión de particulares. Según el informe 1-O: La libertad de información en la cuerda floja, elaborado por el Anuari Medía.cat y el Grup de Periodistes Ramon Barnils, hay registrados al menos 63 incidentes con respecto al trabajo de los periodistas. De estos, "33 corresponden directamente a intimidaciones, agresiones o amenazas a profesionales o medios, 11 hacen referencia a resoluciones judiciales, actuaciones policiales o denuncias que pueden estar obstaculizando el trabajo, y 18 son probables casos de censura, "autocensura o presiones a los profesionales".

Más allá del procés

Pero las restricciones y vulneraciones a la libertad de información en el Estado español van mucho más allá del procés. Uno de los casos más recientes tuvo lugar el pasado diciembre. Varios agentes de la policía española entraron en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press y en la redacción del Diario de Mallorca para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística.

Una redactora se acogió a su derecho –reconocido por la ley-- a no revelar sus fuentes. Los agentes de la policía no le permitieron contactar con los servicios jurídicos del medio. Y acabaron llevándose su móvil personal, dos ordenadores y varios documentos en papel.

Tampoco corrió buena suerte el libro Fariña, del periodista de investigación Nacho Carretero, que retrata la historia del ennarcotráfico y los clanes de la droga a una tierra como Galicia y pone luz sobre la corrupción de algunos políticos locales. Después de la denuncia por injurias y calumnias de un político que aparece citado en tres líneas, el 5 de marzo del año pasado una jueza ordenó el secuestro de la publicación, también en soporte digital. No fue hasta junio que la Audiencia provincial de Madrid revocó la censura.

Martxelo Otamendi fue absuelto después de siete años del cierre del diario y el TEDH condenó al Estado por no investigar la denuncia por tortura.

Pero si hay un precedente histórico, ese es el del diario vasco Euskaldon Egunkaria. En 2003 fue cerrado y todos sus bienes embargados por orden de la Audiencia Nacional. Se le acusaba de ser parte del entramado empresarial de ETA. Su director, el periodista Martxelo Otamendi, fue acusado de integración en banda terrorista.

No fue hasta siete años después, en abril de 2010, que la Audiencia Nacional absolvió a los cinco imputados, entre ellos Otamendi, porque no se podía acreditar el supuesto terrorista. Dos años más tarde, en octubre de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español por no haber investigado la denuncia por torturas presentadas por el director de Euskaldon Egunkaria.