Escepticismo. Es el concepto que provoca en el seno del independentismo la mesa de negociación con el Estado, que a partir de la tercera semana de septiembre tiene que despertar de una larga hibernación. Reconocidos los recelos compartidos, se acentúan los matices y diferencias. Es sobradamente conocido que si Junts per Catalunya ha acabado aceptando volver a sentarse en ella es porque Esquerra Republicana, que es quien abandera esta vía, quedó por delante en las elecciones del 14-F y, en consecuencia, ostenta la presidencia de la Generalitat. Cerrar el acuerdo para reeditar la coalición costó dios y ayuda. La dificultad por compaginar la estrategia llevó Catalunya al límite de la repetición electoral. Y la falta de concreción en el redactado final de los puntos más espinosos, también sobre el Consell per la República, comienzan a evidenciarse. 

Justo hace dos meses que Pere Aragonès y Jordi Sànchez sellaron el documento de 46 páginas que marcaba, negro sobre blanco, los compromisos de cara a la legislatura, que en condiciones normales tendría que durar 4 años, algo que no ocurre desde que empezó el procés, hace ya una década. Cuando quedan pocas semanas para la reactivación de la mesa de negociación, uno de los socios, la formación que encabeza Carles Puigdemont, se esfuerza en subrayar que no espera absolutamente nada, igual que la CUP. Esta misma semana Elsa Artadi ha advertido que quizás no tendrá mucho sentido esperar dos años para ver si da frutos y que, de hecho, su partido no se siente interpelado por este margen temporal.

"Tenemos un acuerdo firmado no hace ni cuatro días," ha defendido en nombre del Govern la portavoz Patrícia Plaja, a raíz del ruido de los últimos días, y ha confirmado que el ejecutivo "forzará al máximo" la mesa de negociación. Es cierto que en la comparecencia conjunta de Aragonès y Sànchez, el día que oficializaron el acuerdo, se habló de dos años de margen a la vía negociada.

La literalidad del acuerdo

Ahora bien, ¿qué dice exactamente el documento suscrito entre ERC y Junts? Si nos fijamos en la literalidad que figura en el 'Acuerdo de Govern para la investidura de Pere Aragonès', concretamente en el apartado segundo que explicita la 'Estrategia independentista para hacer la República Catalana', en ningún momento se menciona ningún plazo concreto. Así como el pacto que ERC rubricó con la CUP, previo al de Junts, sí que se detalla que "aparte de la evaluación continuada, durante la primera mitad del 2023 la Mesa de Negociación valorará sus trabajos (en caso de que estos todavía sean vigentes). Analizará si el proceso de negociación ha dado sus frutos y decidirá cuáles serán los pasos siguientes a seguir, incluida la eventual fiscalización de esta negociación, partiendo del objetivo de implementar y hacer efectivo el consenso que se llegue en el espacio de consenso estratégico del independentismo", en el acuerdo ERC-Junts no se fija ningún margen específico.

 

El redactado que hace referencia dice que "ERC apuesta por seguir explorando al máximo la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdo entre Catalunya y el Estado, con el fin de construir una solución política y democrática y se compromete a no dilatar la mesa innecesariamente". Al mismo tiempo expresa que "Junts asume dar una oportunidad a este espacio" y que su "escepticismo y dudas sobre los resultados de la Mesa no serán un impedimento para trabajar y participar lealmente". También se establece una "monitorización" en base a la cual "se decidirán los pasos siguientes".

 

Un consentimiento tácito

En cualquier caso, fuentes de ERC entienden que aunque los dos años no se hayan puesto por escrito, Junts los aceptó tácitamente, más teniendo en cuenta que se partía de un acuerdo previo con la CUP que lo concretaba.

En la imagen principal, Pere Aragonès y Jordi Sànchez anuncian el acuerdo de gobierno el pasado mes de mayo. / S. Alcàzar