¿El cielo está enladrillado, quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille buen desenladrillador será. El clásico trabalenguas infantil casa a la perfección con la situación actual de la política catalana. Cuando se cumplen exactamente tres meses de las elecciones catalanas, los principales implicados en la negociación para evitar que se repitan trabajan contrarreloj -de doce días- para encontrar la solución definitiva para investir a Pere Aragonès y que Catalunya disponga, después de más de medio año, de un gobierno en plenas funciones. Los contactos, aunque no sean públicos, no han cesado, según confirman fuentes conocedoras de la negociación.

De puertas afuera, las posiciones están enrocadas. Aparcado el gran obstáculo sobre la hoja de ruta independentista y el Consell per la República, que Junts se ha avenido a discutir al margen de la investidura y el acuerdo de gobernabilidad, ahora el pulso se concentra en la forma que tendrá que tener el nuevo gobierno. Esquerra Republicana ha guardado en el cajón la opción de repetir la coalición con Junts de manera inmediata e insiste en un gobierno en solitario. Los republicanos aseguran haberse sentido estafados a lo largo de estos meses de negociación y ahora reclaman a Junts que primero invistan y después ya hablarán de una hipotética integración al gobierno. Por el contrario, los de Puigdemont y Sànchez sólo están dispuestos a hacer a Aragonès president si cuenta con ellos en el ejecutivo ya desde el principio.

Una fórmula híbrida

Entre estos dos postulados empiezan a correr posibles fórmulas híbridas que puedan salvar de elecciones y no sean demasiado duras de tragar para ninguno de los dos. Se trataría de una salida de emergencia, que esquivara lo que unos y otros han bautizado como accidente. Y que tiene día y hora programados: la medianoche del 26 de mayo. Fuentes de ambos partidos aseguran que se han conjurado para frenar antes de caer por el precipicio.

El resto de actores independentistas están colaborando. Este mismo lunes, después de que Aragonès anunciara que enterraba la posibilidad de hacer coalición con Junts, hubo una cumbre en seis entre ERC, Junts, la CUP, la ANC, Òmnium y el Consell per la República. Así lo ha adelantado la Agencia Catalana de Noticias y lo ha podido certificar este diario. De hecho, ha habido otros, de reuniones a este nivel. Hace un par de días, la CUP forzó una nueva cita pública con republicanos y junteros que sirvió para tejer un acuerdo -muy- de mínimos.

La rendija de la ley de presidencia

La ley de presidencia ofrece una rendija en este sentido. Según la norma, el nuevo president tiene que tomar posesión de su cargo en los cinco días posteriores a la sesión de investidura. Ahora bien, no fija ningún plazo para el nombramiento de su futuro gobierno, sino que el president cuenta con el margen temporal que considere necesario. Hasta que no firma el decreto de nombramiento y toman posesión los nuevos consellers, siguen en pie los anteriores, todavía en funciones. Es cierto que históricamente, este periodo de transición ha sido solo de días, pero en ningún lugar está escrito que haya un límite por ley.

Una hipótesis, por lo tanto, sería que Aragonès fuera investido y esperara un tiempo prudencial hasta designar a su gobierno, a la espera de cerrar definitivamente el acuerdo con Junts. De entrada, tanto ERC como Junts ponen algunas pegas. Los primeros, porque insisten en la imperiosa necesidad de que un nuevo gobierno empiece a rodar ya en plenas funciones con urgencia. Los según porque argumentan que no ha pasado nunca en ningún país europeo.

En una entrevista en ElNacional.cat este viernes, uno de los pesos pesados de la negociación por parte de ERC abría una rendija en este sentido. Sergi Sabrià ponía sobre la mesa la posibilidad de que Aragonès nombre de entrada sólo una parte del gobierno y la otra se añada en diferido. El diputado republicano toma el ejemplo del que sucedió en Euskadi en 2001, cuando Juan José Ibarretxe fue investido con los votos del PNB-EA y los d'EB-IU. Dos meses después de la investidura y con el gobierno ya en marcha, el lehendakari amplió el ejecutivo dando entrada a EB-IU, con una nueva cartera de Asuntos Sociales y Vivienda.

La diferencia, sin embargo, es que entonces se trataba de sólo un conseller, porque aquella formación disponía sólo de 3 diputados. En este caso, el reparto de carteras que prevén en Junts es del 50%, teniendo en cuenta que unos cuentan con 33 escaños y los otros con 32. En este sentido, una alternativa sería que mientras no entren los nuevos consellers, con sus respectivos departamentos, haya una estructuración más técnica, para ir funcionando provisionalmente.

Es probable que la fórmula definitiva, si llega, implique concesiones a ambos lados, aunque de momento, y públicamente, ni ERC ni Junts parezcan dispuestos a moverse. Lo cierto, sin embargo, es que hace un par de días que la discreción parece haberse impuesto en la negociación. Y eso acostumbra a ser sinónimo de que la cosa avanza. Lejos de la luz de los focos, los acuerdos suelen ir más rodados.

En la imagen principal, Aragonès y Jové en el Parlament. / S. Alcàzar