La financiación pública para los centros escolares que segregan por sexo pronto llegará a su fin después de tres años de intentos del Govern para retirarla, una iniciativa que había sido paralizada por la justicia. Después de una resolución del Tribunal Constitucional a favor de la Ley Celáa de la semana pasada, el Departament d'Educació retirará el concierto a los 10 centros que todavía separan a los alumnos por sexo, con un coste de unos 15 millones anuales para las arcas públicas. El conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, lo ha explicado en una carta a El Periódico, donde afirma que "no queremos nunca más escuelas en blanco y negro financiadas con el dinero de todos". Con esta decisión del Constitucional, la Generalitat reclamará que se dejen sin efecto las medidas cautelares vigentes, impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que obligaron a devolver el concierto a estas escuelas.

¿"Por qué tenemos que destinar el dinero de todos a un modelo de escuela en blanco y negro, reducto de la educación católica más conservadora y que la ciencia ha demostrado que ni favorece al alumnado ni la sociedad donde se inserta"?, ha afirmado Cambray, que ha remarcado que ERC siempre ha intentado retirar estos conciertos, pero estos centros siempre habían obtenido una "protección judicial" que acababa forzando a la Generalitat a concederles de nuevo la subvención pública. La sentencia del TC desestima la prohibición de concertar la educación diferenciada por sexos apelando a la Carta Magna de la cual deriva "un modelo pluralista", aunque matiza que "no todos los modelos educativos tienen que recibir ayudas".

Tres años intentando retirar la financiación

El Govern hizo el primer intento de retirar el dinero público a una decena de centros vinculados a órdenes religiosas que segregaban por sexo en 2020, todavía con el conseller Josep Bargalló al frente de Educació. Desde el curso 2020-2021 estos centros ya no tenían que recibir el concierto, pero dos de los centros pidieron amparo al TSJC, que les dio la razón y obligó a Educació a renovarles el concierto hasta el curso 2025-2026. Los otros ocho centros siguieron los mismos pasos y también se les tuvo que devolver la financiación. El conseller recuerda que estudios científicos demuestran que "la escuela que separa niños y niñas alimenta los prejuicios de género y el sexismo" y no favorece los resultados académicos, como defendían los centros.

Posteriormente, esta cuestión fue incorporada en la Ley Celáa para blindarla, pero entonces fue impugnada por Vox en un recurso interpuesto en el Constitucional. La semana pasada, el TC desestimó el recurso contra la ley, impulsada por la ministra con este nombre. Con respecto al concierto de los centros que separan por sexo, no lo prohibía, pero avala la opción de no hacer efectivo esta financiación, cómo busca a la Generalitat. Cambray ha afirmado que Vox es la fuerza "más retrógrada" de todo el arco parlamentario, que vivo todavía "en un país y en una escuela en blanco y negro". El conseller ha defendido que la escuela "tendría que ser como la vida: mixta, diversa, plural, en color, un ejercicio en pequeño de ciudadanía". Finalmente, el Cambray ha criticado que las escuelas que segregan por género "alimentan los prejuicios de género y el sexismo" y que no favorecen los resultados académicos.

Las escuelas responden al conseller

En un texto emitido por la Fapel, una asociación de Ampas que también incluye las de las 10 escuelas que segregan por sexo, acusan de "desconocimiento" al consejero de educación sobre el modelo de escuela diferenciada y su atribución de calificativos que "no son ciertos". Consideran que el problema principal del sistema educativo no es este modelo, sino "otras cuestiones como la fallida educación inclusiva, la bajada de resultados en competencias básicas y el fracaso escolar y abandono prematuro". También se apunta que estas escuelas están siendo "maltratadas y abocadas al cierre o desaparición" como escuelas concertadas por parte del gobierno, que incumple la ley en este sentido.

Destacan que la sentencia del Tribunal Constitucional ha resaltado "la validez constitucional" del modelo de educación diferenciada y ha señalado el "componente ideológico" de la decisión de una administración de concertar o no las escuelas, modelos o iniciativas "que no los gustan".