El expresidente de la Generalitat Valenciana, exministro de Trabajo y exdirectivo de Telefónica, Eduardo Zaplana, tendría un botín de al menos 15 millones de euros repartidos en paraísos fiscales de su época como miembro del Partido Popular. Los fondos provienen de comisiones ilícitas en el marco de la instrucción del 'caso Erial' del cual Zaplana es el principal investigado. La titular del Juzgado Número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez Guerola, considera que existen indicios que algunos de la veintena investigados "se aprovechaban de los cargos políticos que ostentaban a lo largo de varios años, junto con empresas existentes y ayudadas también por empresarios individuales", así pues, según cita el auto, "facilitaron la obtención de contratos públicos obteniendo beneficios económicos todas las partes que posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos". Este auto verbena que "el dinero detectado después de la instrucción y conseguido por comisiones ilícitas y que no ha sido recuperado íntegramente, ya que parte de lo mismo fue intervenido por las autoridades andorranas, y otra parte entregada a lo mismo interesado, donde existían cuentas a nombre de Joaquín Barceló como testaferro de Eduardo Zaplana, ascendería además de 15.000.000 euros", apunta el acto de la jueza.
Las conductas de las cuales se habla "eran dirigidas por Zaplana, juntamente, con un grupo próximo al expresidente, amigos o personas vinculadas a la política por "las relaciones que tuvieron desde su cargo público", estos contactos tenían una finalidad muy clara y era obtener dinero de procedencia ilícita. Los casos que se ha investigado fue la ordenación territorial de los parques eólicos, parece que resultaron ser "a la carta para que las empresas interesadas, "previa estipulación de la comisión, se hicieran con estas adjudicaciones", y la privatización de las ITV a la Comunidad Valencia el año 1997. Después este dinero los enviaba a varios paraísos fiscales como Luxemburgo, Suiza, Panamá, Andorra o Uruguay, entre otros destinos.
Movimientos de capital
La magistrada encargada del caso, indica que el blanqueador confeso de Zaplana, Fernando Belhot, transfirió al juzgado desde cuentas suizas 6,7 millones de euros, dinero que, según asegura, "era de Eduardo Zaplana". El expresidente de la Generalitat Valenciana se enfrenta a los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, soborno, prevaricación y falsedad documental. Según apunta el auto, los procesamientos estaban coordinados por Zaplana, "la forma planificada por Eduardo Zaplana era quedar antes de nada oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con la finalidad de eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente y si su nombre apareciera, en cualquier tipo de operación, hubiera alertado inmediatamente, utilizó a los suyos amigos y conocidos los cuales hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas".
Entre este grupo "de amigos" del exministro, se encuentra su sucesor a la Generalitat y expresidente de Bancaixa, también del PP, José Luís Olivas, con que fue fundamental para una operación de introducción en el circuito legal de "fondo de origen delictivo" por 2,8 millones de euros mediante una refinanciación solicitada a Bancaixa (presidido entonces por Olives) por parte del empresario Carlos Gutiérrez Mondedeu. El expresidente de la Generalitat Valenciana cobró una comisión de 580.000 euros a través de una sociedad de los Cotino. También el jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, sobrinos del exdirector general de la Policía con Aznar, Juan Cotino, que murió el año 2020, los hermanos empresarios Vicente y Juan Cotino, así como los presuntos testaferros Joaquín Barceló y Francisco Grau. La magistrada destaca el papel de la secretaria de Zaplana, Mitsouko Flerida Henríquez, que presuntamente era la encargada de recibir parte de estos fondos ilícitos desde el extranjero a través de "sistema de canvistes", lo que parece que es un método habitual para blanquear capitales en Sudamérica, de esta manera los canvistes reciben la suma de dinero y al mismo tiempo facilitan la entrega "siempre en efectivo", para así no dejar rastro. El auto indica que la secretaria del exministro era "conocedora de las actividades delictivas de su jefe".