El líder de En Comú Podem, Xavier Domènech, ha replicado este jueves a Susana Díaz que “lo mejor para que Andalucía tenga recursos es acabar con la corrupción”. La presidenta de la Junta de Andalucía afirmó ayer que no quiere que, en el marco de la propuesta de la Hacienda catalana de los comunes, el dinero de los andaluces “vayan a cotizar allí”.
Domènech, que ha sido acompañado por el informático Hervé Falciani, ha lamentado la corrupción que dice vivir “desde hace demasiados años” el sistema político español. En este sentido ha cargado contra las puertas giratorias, de gobernantes como José María Aznar, Elena Salgado o Eduardo Zaplana, que explican, “porque en este país las facturas de la luz son más caras en Nou Barris que en Nueva York”.
Las consecuencias de estas prácticas están sobre la mesa. El líder de los confluentes ha señalado los 44 millones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que cifra por corrupción, así como los 88.000 anuales de fraude fiscal que practican las grandes fortunas, una suma que ha apuntado que “supera en creces los recortes”.
Pero la afectación no es sólo económica, sino democrática. “Los partidos no obedecen a aquello que emana del voto, sino a los que corrompen”, ha remachado Domènech, lamentando la posibilidad de seguir teniendo el PP gobernante, “el partido más corrupto de la historia, cualificado de banda organizada”.
Que todavía haya muchas personas que se decanten por los populares se trata para Falciani que “la costumbre es una mala práctica”. Para Domènech, “ha llegado a un punto que la sucesión de casos de corrupción se ha acabado normalizando”. “se han normalizado cosas que no son normales”, ha concluido, reivindicándose como el actor que regenerará el Estado.
Las propuestas
Las medidas que quiere poner la confluencia catalana en marcha si está en el gobierno tratan, en primera instancia, y también en línea con la presencia de Falciani, de proteger los whistleblowers, es decir, dar cobertura jurídica, psicológica y blindaje del puesto de trabajo en caso de que denuncie un caso de corrupción.
Sobre paraísos fiscales, como ya han hecho al ayuntamiento de Barcelona, la administración pública no tiene que poder contratar empresas con las sedes allí o que operen a través de sociedades pantalla. Tampoco las que hayan sido condenadas por casos de corrupción.
Una de las más contundentes es la de prohibir que quien haya ejercido en política no pueda incorporarse nunca en el consejo de administración de una empresa "estratégicas para el país". Sin matices. Domènech ha defendido que “no es sostenible que ex altos cargos estén constantemente jubilándose con jubilaciones de oro en sectores que no tienen experiencia ni conocimiento”.