Que la independencia de la justicia española es una farsa lo prueban las mismas portadas de la prensa impresa de Madrid de este martes. Todos los diarios informan de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha traficado entre la ministra de Justicia del gobierno del PSOE, Dolores Delgado, y el anterior ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá. Sin aspavientos ni vergüenza.
El País es el único diario que pone el dedo en la llaga en su titular principal, donde explica un hecho que confirma la sumisión a los partidos políticos del órgano de gobierno del poder judicial español –y, por lo tanto, de los organismos jurisdiccionales que de él dependen, como el Tribunal Supremo. "PSOE y PP deciden quién presidirá el Poder Judicial antes de elegir a sus vocales", dice el titular. Para quién quiera acabar de entenderlo, equivale a decidir primero al presidente del gobierno y arreglar después las elecciones para fabricar un Congreso que encaje. Exactamente al revés de lo que debe ser.
El Mundo y La Razón se lo toman muy pero que muy mal. Es un poco como el hooligan que se rebota porque su equipo perdió en casa. No se irritan por la interferencia de los partidos políticos en la composición del CGPJ, sino porque les parece poca. Los titulares lamentan que el PP haya cedido tanto, al consentir que la mayoría del CGPJ quede en manos "progresistas" —es decir, de jueces escogidos por el PSOE y Podemos— a cambio de colocar a un presidente afín al PP, Manuel Marchena, que lo será también del Tribunal Supremo. Eso les parece un mal trato, vamos.
Lo que da miedo a ambos diarios es que el controvertido Marchena –ideólogo de la causa del 1-O– tendrá que dejar la presidencia del tribunal que juzgará al independentismo. Su relevo, un magistrado "progresista", alarma a El Mundo porque el tribunal del procés "se inclina a la izquierda", expresión que parece código para decir sin decir que será condescendiente o que hay algún riesgo a que la sentencia no sea lo bastante dura.
La Razón añade, sin contener su indignación, que el PSOE "premia" con una silla en el CGPJ al magistrado que redactó la sentencia del caso Gürtel, a quien llama "el juez de la moción de censura", aceptando con naturalidad y sin vergüenza este juego donde la independencia judicial y la separación de poderes ni están ni se les espera. De lo que dice este diario se deduce cómo entiende la justicia: ese juez redactó la sentencia con afán de dar al PSOE, Podemos y a los independentistas una razón para descabalgar a Mariano Rajoy. Que quizás si hubiera sido otro juez no habría pasado nada, etcétera.
Da un poco de miedo. Peor todavía, anuncia el sesgo con que informarán de la vista contra el 1-O y avisa a los jueces de la causa de que los vigilarán con el cuchillo entre los dientes.
El País destaca la queja de las asociaciones de jueces por el mercadeo del CGPJ. La comedia de siempre. En mayo de 2010, este mismo diario publicó un reportaje titulado "¿Qué justicia es esta?" en el que los mismos jueces que acusan al poder político de afectar a su independencia, con nombre y apellidos, dicen cosas como "la perversión radica en el sistema de cuotas de los partidos y en que los jueces las hayamos aceptado", y también que "para hacer carrera hay que pertenecer a las asociaciones". Es fácil encontrar reportajes más antiguos donde se explica exactamente eso mismo.
Siempre en ese diario, una semana antes, sus dos especialistas en información de tribunales –los mejores del momento– explican que "la Constitución prohíbe que los jueces militen en partidos políticos, pero obviamente entre ellos hay diferentes maneras de entender la justicia. Una parte de los jueces [la mitad] se agrupa en asociaciones profesionales que se comportan casi como partidos políticos. [...] El hecho de estar afiliado a alguna asociación es, en estos momentos, determinante para la carrera profesional de cualquier juez".
En diciembre de 2013, otra vez a las andadas. Un despacho de Europa Press explica que "dos asociaciones judiciales muestran su indignación por el 'vergonzoso paripé' de la elección del presidente del CGPJ" y denuncian la 'desvergüenza' de la clase política, que todavía no ha satisfecho" su 'voracidad' al designar a los 20 vocales" del Consejo.
Tres meses después, ABC publica una información titulada "Lesmes enciende a los jueces al decir que se los controla 'con el palo y la zanahoria'". Carlos Lesmes es el presidente actual del CGPJ y del Supremo. En ese momento no llevaba ni cien días en el cargo. En su currículum figuraban ocho años como director general en el ministerio de justicia de José María Aznar.
Etcétera. No acabaríamos nunca. La cosa ha llegado tan lejos que, el pasado enero, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa insistió en que los miembros del Congreso no tendrían que participar en ninguna etapa del proceso de selección de vocales del CGPJ. También recomendó establecer por ley criterios objetivos para el nombramiento de los altos cargos de la judicatura.
El ministro de Justicia del momento, el mismo Rafael Català que ahora ha traficado los nombramientos del CGPJ con su sucesora, Dolores Delgado, contestó que tenían tiempo hasta finales de 2018 "para mejorar algunos aspectos en que ya trabajan el Congreso o el Gobierno, de manera que el resultado final será previsiblemente mejor que el de ahora." El resultado ha sido exactamente el mismo que denunciaba el Greco. Te tienes que reír.
¿De qué se quejan, pues, las asociaciones judiciales? En el fondo, El Mundo y La Razón son coherentes cuando aceptan como normal y ordinario este circo de influencias políticas del legislativo y del ejecutivo sobre el poder judicial.
Volvemos a las portadas de este martes. Al lado o debajo, según el diario, de los titulares sobre el mercadeo del CGPJ, se informa de la resolución del Tribunal de Cuentas que obliga al expresidente Mas, la exvicepresidenta Ortega y los exconsellers Rigau y Homs a pagar los 5,2 millones de euros que dice que costó la consulta del 9-N. Y quieren que creas que es justo.
ABC, al menos en su primera edición, ha preferido publicar una portada, digamos, alternativa, quizás porque no han encontrado mejor forma de esconder el embrollo del CGPJ. En cualquier caso, es una primera del género La Patria Está En Peligro tan friqui, que se comenta sola.
