Plataforma per la Llengua ha denunciado al Estado español por un espionaje a cinco móviles de miembros de la ejecutiva, entre los cuales el del presidente y la directora, Òscar Escuder y Rut Carandell. La entidad ha anunciado que la justicia belga ha admitido a trámite su querella penal y que ya lo investiga. El presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ha denunciado el espionaje y ha celebrado que en Bélgica ya se esté investigando: "La importancia de la litigación estratégica como herramienta de confrontación; la importancia de tener estructuras jurídicas en el exterior; la importancia de entender que nuestros derechos estarán más protegidos con las herramientas que nos proporciona la Unión Europea que si el terreno de juego es el Bernabéu judicial español," ha sentenciado en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Después de algunas sospechas, la Plataforma decidió hacer un peritaje a finales del año pasado, que confirmó el ataque. Plataforma per la Llengua ha podido presentar la querella en Bélgica porque hay afectados, catalanes residentes en Bruselas y que tienen relación con una entidad con sede allí, que fueron espiados en el país.
Colaboración de las entidades españolas
La investigación pedirá a las autoridades policiales y judiciales españolas que identifiquen a los responsables del móvil que infectó los teléfonos, según apuntan los dictámenes periciales. En al menos un dispositivo ha quedado registrado que el número de teléfono que infectó uno de los aparatos es de una operadora española. Por otra parte, también piden al juzgado que se enderece a Eurojust para comprobar si el Estado español tramitó las solicitudes necesarias de escucha de los teléfonos en territorio belga.
En concreto, Plataforma per la Llengua acusa al Estado español de seis delitos, según la legalidad belga. Son: la intromisión en el sistema informático de los teléfonos móviles; la injerencia arbitraria en las libertades fundamentales de las personas espiadas; la intercepción de mensajes de los móviles; la violación de los datos informáticos; el secreto de las comunicaciones, y el secreto de las comunicaciones electrónicas en concreto. Se añade que el artículo 550 del Código Penal belga sanciona a quien accede a un sistema informático sabiendo que no está autorizado; y el artículo 314 castiga a quien intercepta, graba o publica las comunicaciones no accesibles al público sin el consentimiento de todos los participantes, aparte de otras normas que castigan comportamientos contrarios al secreto de las comunicaciones electrónicas.