Después de quince días sin ninguna reunión, este viernes volvieron a encontrarse, en el Congreso de los Diputados, los equipos negociadores del PSOE y ERC que exploran la investidura de Pedro Sánchez. El objetivo era el de mirar cómo podían desencallar la cosa, con unos socialistas muy apresurados a formar gobierno cuanto antes mejor. Pero los republicanos salieron del mismo modo que entraron: "Sin novedades relevantes". Su mirada estaba y está fijada en otra parte: en el papel que adopte la Abogacía del Estado, autónoma pero que cuelga del Ministerio de Justicia, en las alegaciones sobre la inmunidad de Oriol Junqueras ante el Tribunal Supremo. El resto, tanto con respecto a la mesa de diálogo como con respecto a la agenda social del ejecutivo, ya lo tienen bastante resuelto y encaminado.

¿Y qué hace la Abogacía del Estado? De momento, tomárselo con mucha calma. La intención inicial era no agotar el plazo del 2 de enero. Tenía que ser un simple trámite; de hecho, es la única parte que todavía no ha presentado sus alegaciones, a diferencia de la defensa de Junqueras, la Fiscalía y Vox. Los servicios jurídicos del Estado ya habían informad favorablemente al líder de ERC el pasado junio para que pudiera ir a recoger el acta de eurodiputado ante la Junta Electoral Central. Esta vez, sin embargo, hay más dudas e incertidumbres, jurídicas pero también políticas, con ERC que reclama un "gesto" para desencallar el bloqueo político. Para algunos abogados del Estado el encaje entre una cosa y la otra es misión imposible. Todavía está por ver quién acaba firmando el documento. Podría ser la misma abogada general Consuelo Castro.

Lo que pide ERC está claro: que al menos su líder pueda salir de prisión, recoger el acta, ejercer de diputado y que el Tribunal Supremo tenga que pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo. Las dudas de la Abogacía del Estado empiezan después de recoger el acta de diputado. El pasado mes de junio consideraron que no podía ir hasta Bruselas a ejercer el cargo, sino que tenía que volver a la prisión. En esta ocasión podría pedir a la JEC que remitiera al Parlamento Europeo la sentencia condenatoria del procés. Habrá que ver hasta dónde están dispuestos a llegar los servicios jurídicos del Estado.

En el momento que ERC lo ha supeditado a la Abogacía, ha sido la Abogacía quien ha acabado teniendo la sartén por el mango. Por su parte, el Tribunal Supremo también tiene previsto tomárselo con calma para decidir cómo aplica la sentencia de Luxemburgo. No se espera una decisión antes del 7 de enero.

Mientras tanto, desde La Moncloa se limitan a señalar con insistencia el camino a los abogados del Estado: acatar la sentencia de Luxemburgo. Lo tienen que reclamar desde la sala de prensa, a través de los medios de comunicación, después del último Consejo de Ministros del año. Admiten que no saben qué dirá el esperado informe, a pesar de ser un órgano que cuelga directamente del Ministerio de Justicia, e incluso ignoran cuándo lo presentarán. Desde el ejecutivo de Sánchez lo esperan con mucha más ansia que Esquerra.

En caso de que se complicara, no sería el primer caso de "rebelión" de un abogado del Estado en la causa del procés. Fue el caso de Edmundo Bal, que fue apartado de la representación del Estado en el Tribunal Supremo después de negarse a firmar el escrito de acusación por sedición y no por rebelión contra los dirigentes independentistas. Ahora Bal hace carrera en Ciudadanos. Ha vuelto a repetir como diputado de carambola, al correr la lista por la dimisión de Albert Rivera.

Por si faltaban elementos en este calendario endemoniado, en medio de las fiestas navideñas, el viernes que viene, 3 de enero, se reunirá la Junta Electoral Central. Encima de la mesa tendrá la inhabilitación del president Quim Torra. La Junta Provincial de Barcelona desestimó la petición del PP, Cs y Vox para retirarle inmediatamente el acta de diputado, y ahora estos partidos lo han llevado ante la JEC. En caso de darles la razón, Torra dejaría de ser president este mismo enero, sin necesidad de que la sentencia sea firme. La magnitud del terremoto del primer presidentt inhabilitado en ejercicio del cargo es difícil de prever desde Madrid.

En este contexto tan convulso, a estas alturas, prácticamente el único escenario para una investidura asegurada pasa por celebrar el debate de investidura los días 2, 3 y 5 de enero, antes de la cabalgata de Reyes. Para que eso sea posible, la Abogacía del Estado tendría que presentar sus alegaciones este mismo lunes, y que estas sean lo bastante flexibles como para conseguir el visto bueno de ERC. Así la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tendría margen para convocar la sesión de investidura. Cuanto más tiempo pase, más se complicará el Gobierno de coalición progresista.

El "fiasco" de los presupuestos

Una maniobra muy similar intentó ERC ahora hace casi once meses. Entonces los republicanos pedían un "gesto" para la aprobación de los presupuestos del Estado: que Sánchez instara a la Fiscalía a retirar las acusaciones contra los dirigentes independentistas a punto de ser juzgados. Desde La Moncloa se negaron, muy probablemente previendo una revuelta de los fiscales del Tribunal Supremo, que no quisieran asumir el cambio de opinión. No han acabado de controlar nunca su deep state, un conjunto de altos funcionarios y aparatos del Estado que actúan con agenda propia y a menudo contrapuesta, incluyendo el poder judicial. Así, las primeras cuentas de Sánchez fracasaron y España fue a elecciones el 28 de abril.