El estado de alarma finaliza este domingo, 9 de mayo, después de seis meses de aplicación ininterrumpida. Tal como han reiterado desde las últimas semanas, el Gobierno no piensa alargarlo más, a pesar de la inseguridad jurídica a la hora de decretar determinadas restricciones. Sin embargo, este martes, en plena jornada electoral en la Comunidad de Madrid, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo decreto. La norma prorroga varias medidas, desde el llamado "escudo social", durante tres meses más, hasta el control de pasajeros que vienen de otros países. Algunas de estas medidas están vinculadas justamente a la vigencia del estado de alarma. Y, lo más importante, un mecanismo para evitar la disparidad de criterios de los tribunales: el Tribunal Supremo tendrá la última palabra.
El decreto del Gobierno, adelantado por El País, dota a las comunidades autónomas de un mecanismo legal para evitar la disparidad de criterios de los tribunales superiores ante las restricciones de derechos fundamentales. Se trata de una modificación de la ley que regula el contencioso-administrativo y que permitirá a los gobiernos autonómicos recurrir en casación ante el Tribunal Supremo los autos de los TSJ que tumben medidas, como el cierre perimetral o el toque de queda. Una posibilidad que no tenían hasta ahora. De esta manera, el alto tribunal podrá unificar doctrina para todo el Estado. La vicepresidenta Carmen Calvo, que ha coordinado este decreto con nueve ministerios, ha remarcado que la decisión se tomará "en tiempo récord", de solo cinco días. Ha esperado que el Supremo pueda cumplir los plazos.
Hasta ahora, se había dicho que el toque de queda sólo podía aplicarse bajo el paraguas del estado de alarma. Aun así, algunos gobiernos, como el del presidente valenciano Ximo Puig, tienen intención de prorrogar la ampliación de la restricción a la movilidad nocturna. Si el tribunal superior del País Valencià lo tumbara, la Generalitat Valenciana podría acudir directamente al Tribunal Supremo. Desde el Gobierno defienden que los cierres perimetrales sí que se podrán mantener sin el estado de alarma, a diferencia del toque de queda.
Justamente por esta inseguridad jurídica, el lehendakari Íñigo Urkullu ha insistido en las últimas semanas, enviando incluso cartas a Pedro Sánchez, sobre la necesidad de prorrogar el estado de alarma.
Este "paraguas de protección", según la vicepresidenta Calvo, permitirá una salida del estado de alarma "con tranquilidad y seguridad". El hecho que el Supremo tenga la "última palabra" ofrece "seguridad jurídica" e "igualdad" entre los diferentes territorios porque "unificará doctrina".
Ampliación del "escudo social"
Por otra parte, lo había anunciado el presidente Pedro Sánchez ante el Congreso de los Diputados, y hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros: la ampliación del escudo social. El mismo decreto amplia durante tres meses más, hasta el 9 de agosto, la prohibición de desahuciar y la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual, así como la garantía de suministro eléctrico y de agua y el bono social.