El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles el decreto ley con el que el Gobierno pretendía regular la actividad de los lobbies, después de que PP, Vox, Junts y UPN hayan votado en contra. La norma, que había recibido críticas especialmente por incluir sindicatos y organizaciones empresariales dentro de la categoría de grupos de interés, ha sumado 179 votos contrarios, mientras que PSOE, Sumar, ERC y Bildu le han dado apoyo y PNV y Podemos se han abstenido. Sumar había anunciado inicialmente que votaría en contra, pero a última hora ha cambiado de posición, a pesar de que la diputada Aina Vidal ya había emitido telemáticamente un voto negativo. Se trata del segundo intento fallido del ejecutivo para regular este ámbito, después de que un proyecto de ley impulsado en enero de 2025 quedara encallado por falta de acuerdo. El decreto estaba vigente desde finales de agosto, pero la negativa del Congreso a convalidarlo ha provocado su derogación.
Las críticas de los grupos se han concentrado tanto en la forma como en el contenido del decreto. Diversas formaciones han reprochado al PSOE haber optado por la vía del decreto ley en vez de buscar un acuerdo previo en el Congreso, con el argumento de la urgencia para cumplir los plazos vinculados a 1.500 millones de euros de fondos europeos. El principal foco de rechazo, sin embargo, ha sido la inclusión de los sindicatos y las organizaciones empresariales dentro de la categoría de grupos de influencia. Ante estas objeciones, el ministro de Transición Digital, Óscar López, ha puesto énfasis en que el Gobierno había recogido en el decreto ley el 90% de las propuestas de los grupos, incluidos PP y Junts, y ha cargado especialmente contra los populares y Vox: "Cuando en Europa pregunten por qué en España no hay una ley de lobbies, habrá que responder que fue porque lo impidieron la derecha y la ultraderecha".
La mayoría de los grupos que han intervenido en el debate, con la excepción de Vox, han coincidido en defender más transparencia en las relaciones entre los lobbies y el Gobierno, pero han considerado que el decreto llegaba tarde y se quedaba corto. El diputado de Bildu Oskar Matute ha criticado que el texto no permita saber con suficiente claridad "quién influye, en quién, con qué recursos y con qué consecuencias", mientras que Néstor Rego, del BNG, lo ha calificado de "legalización del lobbismo" y ha lamentado que no actúe contra las puertas giratorias.
Junts se opone
Junts ha justificado su rechazo al decreto denunciando que imponía las mismas exigencias a actores muy diferentes. El diputado Josep Pagès ha criticado que se quiera hacer pasar a las pymes y las asociaciones "por el mismo atajo" que las grandes empresas y las consultoras, y ha sostenido que la norma estaba pensada a medida de los lobistas profesionales. La formación independentista también ha negado que el Gobierno negociara nada. "Nadie ha negociado con nosotros", ha dicho Pagès.
@jpagesm al PSOE:
— Junts per Catalunya Congrés i Senat (@JuntsxCatMadrid) September 16, 2026
Grans empreses i professionals del lobby, que passin pel tub. I tant.
Ara bé, no acceptarem que les petites empreses, les entitats i les associacions del nostre teixit social hagin de passar pel mateix tub. pic.twitter.com/HCPSPL9TQq