La dependencia que Pedro Sánchez ha tenido esta legislatura del voto de ERC y de Junts y la especial conexión entre el presidente español y el president de la Generalitat, Salvador Illa, se habían convertido en los fundamentos para garantizar que, esta vez sí, Catalunya conseguiría sacar adelante algunas de las reivindicaciones que arrastra desde hace décadas. La nueva financiación y la condonación de parte de la deuda del FLA eran dos de las carpetas clave, pero había más, como la reclamación de las competencias de inmigración para Catalunya, el traspaso de Rodalies o la oficialidad del catalán en Europa. Sin embargo, la legislatura llega a su final sin concretar estos grandes compromisos o constatando cómo algunos de los que habían tomado forma, como la condonación del FLA, decaen tan pronto como se disuelva el Congreso de los Diputados.
La reforma de la financiación era una de las carpetas clave. También para el Govern de Illa. "Tenemos en nuestras manos la oportunidad de conseguir el mejor sistema de financiación jamás logrado por Catalunya", aseguró el president de la Generalitat el pasado 14 de septiembre en la conferencia que ofreció en las Drassanes de Barcelona con el título El futuro está aquí. Este era el compromiso estrella que había cerrado el ejecutivo de Pedro Sánchez con ERC para conseguir el voto del partido de Oriol Junqueras a su investidura. Acordaron un nuevo sistema de financiación que garantizara que Catalunya recaude, gestione, inspeccione y liquide todos los impuestos que pagan los catalanes, a cambio de una aportación al Estado que debía garantizar que se respetaba el principio de ordinalidad. No solo eso. Aquel acuerdo preveía, también, que la campaña del IRFP de 2026 ya pasaría a manos de la Agència Tributària de Catalunya.
Nueva financiación y FLA
De todo ello, lo que quedó fue un acuerdo en enero de 2026, según el cual el Govern impulsaría una reforma de la financiación que garantizaría 4.700 millones más para Catalunya. Junts no escondió las críticas al acuerdo, que mantenía a Catalunya dentro del régimen común, pero fue Foment del Treball quien se convirtió en la voz más crítica con aquel pacto que, según denunció, ni superaba los déficits históricos de la financiación de Catalunya ni garantizaba la ordinalidad.
No obstante, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó este mes de septiembre la propuesta solo con el apoyo de la Generalitat de Salvador Illa y del gobierno canario, frente al rechazo del resto de comunidades autónomas. Una vez superado en el CPFF, era el turno de aprobarlo en el Consejo de Ministros y llevarlo al Congreso, por lo que Illa no ha ahorrado las llamadas a Junts reclamándoles que apoyaran la nueva financiación. No obstante, no ha sido Junts quien ha hecho descarrilar la propuesta, porque después de tres años de legislatura el Consejo de Ministros no ha dado luz verde a la propuesta, que, por lo tanto, no ha llegado al Congreso.
Sí que ha llegado al Congreso la condonación del 22% de la deuda del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), que era otro de los acuerdos que el PSOE había concretado con ERC. El Gobierno de Sánchez hizo extensivo el acuerdo al resto de comunidades autónomas que se quisieran sumar, con lo cual Andalucía era la más beneficiada. En el caso de Catalunya, representaba 17.104 millones de euros. El pleno del Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad del proyecto con los votos en contra de PP y Vox en el último pleno antes de vacaciones, con lo cual la tramitación del proyecto continuaba adelante. No obstante, este proyecto, como todo el resto de los que se están tramitando en la Cámara, decaerán con la disolución del Congreso.
Al Govern de Salvador Illa sí que se puede apuntar que ha conseguido avances en el traspaso de Rodalies, también acordado con ERC para la investidura de Sánchez. Pero también con matices. En enero de este año se firmó el acuerdo de constitución de la nueva empresa Rodalies Catalunya, que a partir de 2027 debería gestionar el servicio que actualmente ofrece Renfe en Catalunya. Sin embargo, se trata de una empresa mixta en la que el Estado retiene la mayoría, a través del 50,1% accionarial de Renfe Viajeros, y la Generalitat el 49,9%. Queda, por lo tanto, en manos del próximo gobierno, y todavía no se ha formalizado el contrato programa entre la Generalitat y Renfe, aunque se asegura que se está ultimando. Tampoco se ha cerrado el traspaso de la línea R1 de Rodalies, la primera que se debía traspasar a Catalunya, y que se debía concretar este otoño. Lo que sí se ha mantenido constante han sido los problemas en el servicio, la falta de nuevos trenes y la ausencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, ante las graves incidencias registradas este año en Catalunya.
Competencias en inmigración
La delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración es una de las carpetas que también muere con la disolución de las Cortes. PSOE y Junts registraron a principios de 2025 una proposición de ley que preveía que Catalunya gestionara los permisos de estancia de larga duración y de residencia, la contratación de trabajadores extranjeros en origen, los expedientes sancionadores y los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Según este acuerdo, los Mossos d'Esquadra debían asumir la seguridad en puertos y aeropuertos y participar en el control de frontera, en colaboración con la policía española y la Guardia Civil.
Pero el Congreso rechazó la norma en septiembre de aquel 2025. Fue Podemos quien lo tumbó, con la excusa de que el preámbulo de la norma era racista y después de haber pronunciado argumentos catalanófobos, en los que se trataba a los Mossos de policía racista. Junts la volvió a registrar en solitario este pasado verano, con los mismos artículos y una nueva exposición de motivos para evitar el veto de los morados. Pero Podemos volvió a cerrar la puerta, de nuevo con la acusación de racismo. Esta segunda versión no se ha llegado a debatir.
El papelón del catalán en la UE
Aunque no se tenga que tramitar en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez ya no tendrá que hacer más el paripé con la oficialidad del catalán en la Unión Europea. A cambio de su investidura, pactó con Junts elevar la lengua de Catalunya a primer nivel en el club comunitario. Y todo ha quedado por hacer, incluso en los seis meses en que España ostentó la presidencia de la UE.
El gobierno español ha sacado el tema del cajón cada vez que ha tenido interés en captar la atención de Junts por alguna de sus iniciativas. Pero la oficialidad del catalán, euskera y gallego rápidamente volvía al cajón de los asuntos pendientes. El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea rechazó la propuesta española por octava vez a finales de septiembre de 2026.
Puigdemont, pendiente de la amnistía
De todas las carpetas acordadas por Sánchez para su investidura, la amnistía ha sido el tema clave. Fue la condición que impuso Junts y que obligó a una larga y complicada negociación. Decía hace unas semanas el entorno de Pablo Llarena que el Tribunal Supremo no tendría problema en aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont si el Tribunal Constitucional marca doctrina de manera clara en favor suyo. La evolución de los acontecimientos ha querido que el mismo día en que el Consejo de Ministros disolverá el Congreso y convocará elecciones, se reúna el Tribunal Constitucional para pronunciarse definitivamente en relación con la amnistía.
La decisión sobre la aplicación de esta ley al president de la Generalitat en el exilio y algunos miembros de su gobierno, como es el caso también de Oriol Junqueras, se adoptará ya con el gobierno en funciones. Esta era precisamente otra de las banderas que había asumido Salvador Illa, que ha situado la "normalización" política como uno de los puntales de su Govern.