Vamos mal. Los datos de inflación publicados este martes hacen evidente que la inflación se dispara en España y se aleja de las grandes economías europeas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son una muy mala noticia. El IPC de agosto se ha disparado al 4,3%, frente al 3,6% de julio, lo que equivale a 0,7 puntos en un solo mes y la tasa más alta desde febrero de 2023. Además, los precios aumentaron un 0,7% solo durante agosto, algo muy significativo. Si miramos fuera de nuestras fronteras, es especialmente preocupante la comparación europea: el IPCA español —el Índice de Precios de Consumo Armonizado, un sistema de cálculo parecido al IPC, pero que utiliza la misma metodología en todos los países de la Unión Europea, de modo que permite compararlos correctamente— alcanza el 4,6%, mientras que la referencia de la eurozona está alrededor del 3,3%. Funcas calcula que el diferencial ya es de aproximadamente 1,4 puntos. España vuelve, por tanto, a tener un problema de inflación sensiblemente superior al europeo.
Eso significa, en primer lugar, que vamos a notar más que el resto de ciudadanos europeos el alza de los precios. España está 1,3 puntos por encima de la eurozona, 1 punto por encima de Portugal, 1,4 de Italia, 1,7 de Alemania y 2 puntos por encima de Francia. El IPCA español ha pasado del 3,9% en julio al 4,6% en agosto, mientras que la eurozona ha pasado del 2,9% al 3,3%. Es decir, el shock inflacionista es europeo —la energía está jugando un papel importante—, pero en España está siendo sensiblemente más intenso. Como destacan los datos del INE, hay una comparación particularmente llamativa: España 4,6%, frente a Francia 2,6% y Alemania 2,9%. No estamos hablando de unas décimas, sino de diferencias de 1,7–2 puntos entre las principales economías. Y hay un segundo elemento políticamente relevante: España partía hace un año de un IPCA del 2,7% y ahora está en el 4,6%. La inflación española no simplemente permanece alta: se ha acelerado con mucha fuerza.
Vamos mal. Los datos de inflación publicados este martes hacen evidente que la inflación se dispara en España y se aleja de las grandes economías europeas
¿El gobierno que va a hacer? Puede esperar unas semanas para comprobar si el shock energético remite; lo que resulta mucho más difícil de justificar es no adoptar nuevas medidas si septiembre confirma un IPC cercano al 5% —no sería una exageración— y octubre continúa por encima del 4%. Además, hay una situación política que va a obligar al gobierno a actuar: el ciclo electoral que ya tenemos encima. Con elecciones municipales a finales del próximo mes de mayo y unas elecciones en España sin fecha conocida, aunque con intensas especulaciones que podían acabar siendo el domingo 14 de febrero. Todo ello, con un calendario perfectamente medido en que primero el Congreso rechazaría los presupuestos generales del Estado que, finalmente, presentaría Pedro Sánchez por primera vez en esta legislatura. Unos presupuestos expansivos y que le servirían de plataforma para despegar en una campaña electoral especialmente complicada para él, con innumerables casos judiciales a su alrededor, y una situación política en Ceuta que ha enfrentado a su gobierno por la inacción durante todo el mes de agosto, en una insólita prolongación, sin interrupción alguna, de las vacaciones estivales del presidente en la residencia de la Mareta, en Lanzarote.
España no puede, evidentemente, corregir por sí sola todo el 4,3%, porque una parte importante procede del encarecimiento internacional de la energía. Además, el Banco Central Europeo (BCE) controla los tipos de interés, no el Gobierno español. Una de ellas, volver a aliviar temporalmente los carburantes. Es la medida con efecto más rápido sobre el IPC. El transporte está aumentando un 9,5% y la energía un 16,9%. Funcas señala que parte del salto actual deriva precisamente de la retirada parcial de rebajas fiscales y contempla como escenario central recuperar una rebaja de 20 céntimos/litro en hidrocarburos. También podría enfriar algo la política fiscal, ya que si una economía crece con fuerza y simultáneamente el Estado mantiene una política presupuestaria expansiva, aumenta la demanda y resulta más difícil reducir la inflación interna. O una combinación de rebaja energética temporal y muy focalizada junto a una política fiscal menos expansiva y unas medidas de oferta y competencia en servicios, con más competencia, mayor productividad y oferta de vivienda y transporte, tratando de evitar que los aumentos de costes se perpetúen en precios.
Porque refugiarse en que es todo culpa de la energía no es la solución. Es demasiado fácil, ya que el petróleo afecta a toda Europa, pero España mantiene una inflación armonizada significativamente superior a la media de la eurozona. La obligación del gobierno es estudiar qué explica ese diferencial y mirar de aplicar las medidas necesarias.