Un malentendido. El exdirigente de Convergència y empresario David Madí ha declarado este martes como investigado ante la Fiscalía Europea para aclarar la conversación telefónica que mantuvo el 2020 con un socio, poco después de una reunión con unos 60 empresarios de Foment del Treball y el exjefe del gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, en la cual se habló del reparto de los fondos europeos Next Generation EU, dotados con unos 140.000 millones de euros. "He aclarado cualquier malentendido y ha quedado claro", ha asegurado Madí al salir de la declaración y ha avanzado que pedirá el archivo de la investigación muy pronto, según informa Europa Press.
El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, derivó esta conversación de Madí a la Fiscalía Europea al considerar que había "sospechas fundadas" que se podría tratar de un delito en fraude de subvenciones europeas. La Guardia Civil, en el marco del caso Volhov, destacó esta conversación de Madí, que tenía el móvil intervenido, y que el juez aprobó para aclarar si había una financiación ilegal al independentismo en el exilio y se detuvo Madí y otras personas el 20 de octubre de 2020.
Un trabajo de asesoramiento
En su comparecencia en la Fiscalía Europea, con sede en Madrid, Madí ha detallado que en la conversación telefónica con Joan Ferran socio de la empresa RSM Spain y pariente suyo, comentaron "aspectos" de la gestión de los fondos europeos, y que podrían ofrecer asesoramiento a los empresarios que los solicitaran, pero que "no había ningún acuerdo para repartirse estos fondos". Ferran también ha declarado este martes en la Fiscalía. En la llamada, Madí afirmaba; "Hay que establecer un canal para entrar. Yo me vi, con Foment, formo parte de Foment, y tuvimos una reunión en pequeño comité con Iván Redondo; eso será una merienda de negros, son 140.000 millones".
La defensa de Madí presentó recurso al considerar que no se había cometido ningún delito y que su conversación está amparada en su trabajo de consultor. El mismo fiscal anticorrupción que está en el caso Volhov, Fernando Maldonado, indicó que "no había suficientes indicios delictivos".
Con todo, la Fiscalía Europea ha querido aclarar estos extremos. La normativa que regula la Fiscalía Europea fija que "desde que resultan de las actuaciones indicios que permitan atribuir la realización del hecho punible a una persona determinada", se tiene que citar a la persona encausada en una primera comparecencia para comunicarle que la investigación se dirige contra ella, así como su calificación jurídica provisional y tomarle declaración. Eso es lo que se ha hecho este martes.
David Madí es investigado en el caso Volhov por supuestamente haber cobrado comisiones ilegales, negadas por el empresario. También es investigado por la Audiencia Nacional como uno de los impulsores de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que impulsó mobilitzaciones contra la sentencia del Supremo a los independentistas catalanes. Esta causa continúa secreta desde su creación.