La fiscalía europea ha citado a declarar como investigados de un delito de fraude en subvenciones al empresario y exlíder de CDC, David Madí y el empresario Joan Ferran, a raíz de una conversación que mantuvieron sobre los fondos de subvenciones Next GenerationEU. Madí fue detenido con 20 personas más en octubre del 2020 por el caso Volhov, sobre supuesta financiación irregular al independentismo catalán, y esta conversación fue destacada por los investigadores de la Guardia Civil. El juez del caso Volhov, el magistrado Joaquín Aguirre, elevó esta conversación a la fiscalía europea, con la oposición del fiscal y de su defensa. La Audiencia de Barcelona validó la acción del juez, el diciembre pasado. En la resolución, conocida hoy, la fiscalía europea cita, en su sede en Madrid, como investigados a Madí y Ferran para el próximo 19 de julio para informarlos de la imputación y por si quieren declarar.

En la resolución, la fiscalía europea deniega la personación de las entidades españolistas que están personadas en la causa de Volhov como acusación popular, ya que precisa que según la normativa solamente pueden estar representadas como acusación particular; es decir, que tengan una afectación directa. Las entidades personadas son: Asociación Barcelona con la selección; Cataluña Suma por España (que engloba España y Catalanes, Convivencia Cívica Catalana, Españoles de a pie, Foro España), Asociación de Juristas Constitucionlistes por las libertades, Impulso Ciutadano,  Sociedad Civil Catalana, y Asociación Cívico y Cultural.

Sospechas

En la conversación, ahora bajo sospecha, Madí habla con un apoderado de la consultora, Joan Ferran Oliva, y le explica que ha estado en una reunión de Foment del Treball, con unos 60 asistentes, y el entonces portavoz del Gobierno socialista, Iván Redondo, en la cual hablan de cómo se repartirán los fondos, y que hay que preparar una asesoría para ofrecerla a los empresarios de cómo obtener las ayudas. En concreto, Madí, según la Guardia Civil, le dice: "Hace falta establecer un canal y entrar... Me vi con Foment y tuvimos una reunión de pequeño comité con Iván Redondo... Eso sería una merienda de negros. Son 140.000 millones de euros."

La defensa de Madí, ejercida por la penalista Olga Tubau, sostiene que la conversación es una simple intervención para preparar el asesoramiento como consultor, acción "lícita y como hacen muchas empresas", y no afirma nada del reparto de fondos europeos. El fiscal anticorrupción Fernando Maldonado tampoco veía ningún hecho delictivo en la conversación, ni se consuma ninguna acción.

No obstante, ahora la fiscalía europea en la resolución expone que ya tiene toda la documentación, el original del audio intervenido y que cita a Madí i Ferran para informarles de su investigación para garantizar su derecho de defensa, así como si quieren declarar como investigados de un delito de fraude en subvención.