Nuevos frentes. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona ha solicitado a Hacienda que le envíen una copia de las declaraciones tributarias hechas por el empresario y exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), David Madí, con el fin de aclarar si "cobró comisiones por actos presuntamente ilícitos" entre los años 2019 y 2020, como lobbysta. El magistrado Joaquín Aguirre ordena esta nueva actuación en el marco del caso Volhov, investigación sobre la financiación independentista catalana y de supuestos beneficios particulares aprovechando fondos públicos. El juez también ha ordenado a la Guardia Civil que compruebe si podría haber cometido el delito de tráfico de influencias con las visitas que Madí hizo a la Generalitat, acompañando a empresarios y de la compañía Aigüas de Catalunya, de la cual es presidente ejecutivo.
En la resolución, redactada el día de Sant Jordi y conocida hoy, el juez Aguirre expone que cuando Madí fue a declarar como investigado de forma voluntaria en el juzgado aseguró que estaba inscrito como lobbista ante la Generalitat de Catalunya y por eso estaba autorizado a hacer las entrevistas con representantes del Gobierno. El juez añade que no aportó ninguna documentación, hecho por el cual asegura que "ya se le podría abrir un procedimiento por el delito de tráfico de influencias". Y detalla que él mismo "ha comprobado de oficio" el Registro de Grupos de Interés, que es público y abierto, y que "no consta David Madí como persona física". Precisa que tampoco constan las sociedades en las cuales tiene participación actualmente: Nubul S.L. i Ikki XXI. También expone que sí que está registrada como grupo de interés la compañía Aigües de Catalunya, S.A, de la cual indica que Madí no es socio, pero sí presidente y apoderado. Por eso, pide a la Guardia Civil, que en los seguimientos que le hizo por orden judicial, identifique las visitas a la Generalitat en representación de distintas empresas.
Negocios
En las escuchas telefónicas y seguimientos, realizados entre finales del 2019 y octubre del 2020, la Guardia Civil aseguró en algunos informes del caso Volhov que Madí y el exconseller de ERC Xavier Vendrell habrían aprovechado sus contactos en el Govern para hacer negocios particulares ante la crisis de la Covid-19 y otros proyectos. En el caso de Madí, se le vincula con unas conversaciones sobre las VTC (vehículos de transporte en conductor) con empresarios y la Generalitat, entre otros. El juez Aguirre también derivó a la fiscalía europea una conversación de Madí por si podría ser delictiva sobre el reparto de ayudas europeas desde el Gobierno. Madí ha negado cualquier irregularidad
Madí y Vendrell son dos de los 65 políticos y activistas independentistas espiados por el programa Pegasus, de la empresa israelí NSO, sin que el Gobierno aclare con pruebas que no fue el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Y la Guardia Civil del caso Volhov, con autorización judicial, también usó un software remoto para entrar en los aparatos electrónicos de Madí y Vendrell al considerar que querían hacer una "trama liderada por Puigdemont" sobre la criptomoneda Bitcoin "aprovechando recursos públicos".