La polémica por una frase incluida en una exposición del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP) en el Palau Robert ha llegado este miércoles al Parlament de Catalunya en forma de rifirrafe entre el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y el diputado de Junts Francesc de Dalmases. El conseller ha admitido que la referencia que equiparaba la expresión “¡Que aprendan catalán!” con otras consignas de odio fue “un error”, pero ha defendido que el Govern y el ICIP actuaron “de forma inmediata” retirándola. Durante la sesión de control, Dalmases ha cargado duramente contra el ejecutivo y ha acusado al Govern de contribuir a desprestigiar la lengua catalana. “La principal causa de discriminación en Catalunya es hablar catalán”, ha afirmado el diputado de Junts, que también ha asegurado que su grupo ya advertía que el Pacto Nacional por la Lengua sería “papel mojado”. “El primero que lo incumple es este Govern”, ha espetado.
El diputado ha ido más allá y ha acusado al ejecutivo de difundir “mentiras y falsedades sobre el catalán”. “El catalán no se toca. Dejen de hacer pasar a las víctimas por verdugos”, ha dicho en referencia a la polémica de la exposición. Según Dalmases, lo que ha pasado con el montaje del ICIP “traspasa todas las líneas rojas”. También ha asegurado que en Catalunya no se discrimina por hablar castellano y ha recordado que solo el año 2025 se registraron 3.000 denuncias por discriminación lingüística. En su intervención, el diputado de Junts ha preguntado “qué mecanismos fallaron en la dirección general de difusión” y qué responsabilidades políticas asumirá el Govern. “Si falla la lengua fallará todo, pero no lo permitiremos”, ha advertido. Dalmases ha concluido con una crítica global al ejecutivo: “Para gobernar bien se necesitan cuatro condiciones: tener mayoría estable, que no la tienen; tener competencia, que no la tienen; creer en este país, que no lo tienen; y querer la lengua, que tampoco lo hacen”.
Dalmau pide no criminalizar el ICIP
Dalmau, por su parte, ha reconocido el error de la muestra, pero ha pedido no “criminalizar” el ICIP. “Creo que fue un error. El Govern y el ICIP han actuado de forma inmediata. La frase no hacía justicia ni representa a la sociedad catalana, ni a este Parlament ni a este Govern”, ha afirmado. El conseller también ha defendido la labor de la entidad y ha reclamado evitar acusaciones injustas: “Deberíamos intentar no criminalizar el Institut Català per la Pau. No se les puede acusar de que su actuación sea en favor de la discriminación”. El titular de Presidencia ha replicado a Dalmases que no comparte parte del relato de Junts y ha recordado que la discriminación lingüística también existe. “Hay una parte de la narrativa que usted hace que no comparto. La lingüística también es una de las discriminaciones y el Govern la combatirá”, ha afirmado.
Dalmau ha aprovechado la respuesta para reivindicar las políticas lingüísticas del ejecutivo. Según ha explicado, la mejor manera de proteger el catalán es ampliar su uso y aprendizaje. “El catalán se protege ampliando la oferta de cursos en catalán, tal como ha hecho de forma histórica este Govern”, ha dicho. En este sentido, ha destacado que se han incrementado en más de 20.000 las plazas del Consorcio para la Normalización Lingüística y ha defendido el aumento de recursos vinculados al Pacto Nacional por la Lengua. También ha anunciado que el presupuesto de 2026 incluirá la creación de una oficina contra la discriminación lingüística. El conseller ha acabado pidiendo la implicación de todas las fuerzas políticas en la defensa del catalán. “El catalán requiere de todas las fuerzas políticas. Les esperamos a ustedes para que se sienten a acompañar y no utilizar el catalán como una herramienta de confrontación”, ha dicho dirigiéndose a Junts.
La polémica de la exposición
La controversia se desencadenó después de que Plataforma per la Llengua enviara una carta al presidente del ICIP, Xavier Masllorens, firmada por su presidente, Òscar Escuder. La entidad denunciaba que situar la expresión “¡Que aprendan catalán!” junto a consignas con carga de odio era “completamente inadecuado e injusto”. Según la organización, la comparación es especialmente desafortunada en el contexto sociolingüístico de Catalunya. En la carta recordaba que la Constitución española impone el deber de conocer el castellano, mientras que el catalán no tiene una obligación equivalente, hecho que sitúa la lengua propia del país en una posición de minorización. Plataforma per la Llengua también advertía que asociar el aprendizaje del catalán con discursos de rechazo contribuye a reforzar una narrativa que presenta a los catalanohablantes como agresores. “Aprender catalán integra, y asociarlo a discursos próximos al odio lo deslegitima como bien colectivo”, señalaba la carta enviada al ICIP.