La CUP quiere que el Govern apruebe una nueva ley de financiación de partidos y de reducción de gastos electorales a lo largo del 2021. Así lo manifiestan en una propuesta de resolución que se votará este viernes después de que ayer se celebrara el debate sobre la corrupción en el Parlament.

El subgrupo anticapitalista recuerda en el texto presentado que esta y otras demandas forman parte de los acuerdos conseguidos en la I Cumbre contra la Corrupción, celebrada el pasado 17 de julio. Los anticapitalistas también piden un aumento de la transparencia y el control ciudadano sobre la contratación pública después de toda la polémica con el contrato de Salut a Ferrovial, cuestionado por la Oficina Antifrau.

Otra de las propuestas es una rendición de cuentas, también electoral, sobre el "cumplimiento de compromisos" que han hecho los partidos. "Qué se ha prometido en campaña y qué se ha prometido y hecho como gobierno, control sobre la liquidación de los presupuestos (qué se ha gastado, qué no y por qué)", explican.

Control de empresas y partidos

En la segunda de las cuatro propuestas de resolución presentadas, la CUP pide "ampliar la información" de los contratos públicos hechos con urgencia durante la pandemia de la Covid-19 a partir del pasado 12 de marzo hasta hoy. En esta misma propuesta, los anticapitalistas quieren crear "un observatorio independiente" para controlar el cumplimiento de los contratos por parte de las empresas concesionarias que "asegure el correcto desarrollo del ejercicio de las potestades de dirección, inspección y sanción, que tienen la obligación de ejercer los poderes adjudicadores".

Asimismo, la CUP propone que el Parlament se comprometa a impulsar iniciativas legislativas con el fin de habilitar un espacio fijo anual dentro de la Comisión de Asuntos Institucionales de la cámara, donde tengan que comparecer los gerentes y tesoreros de los partidos políticos a rendir cuentas del dinero público, de los préstamos y de las donaciones y de cómo han gastado las subvenciones.

Los anticapitalistas, finalmente, también apuestan por prohibir que los partidos pidan créditos a los bancos y para que se imponga un límite máximo de gastos para campañas electorales. Para erradicar esta práctica, la CUP considera "necesario" delimitar, de manera "estricta e inflexible", el periodo de campaña electoral y el volumen de gasto máximo, y establecer sanciones pecuniarias ligadas a la reducción económica de las futuras subvenciones electorales.