El PSOE ha presentado delante de la Fiscalía General del Estado una denuncia por varios tuits de VOX publicados entre el 18 de enero y el 7 abril ya que consideran que incurren en una "manifiesta y reiterada incitación al odio y lesionan tanto el honor de la organización como la del gobierno" sobre la gestión del coronavirus. Aunque todo ya viene de antes.
En el primero de estos tuits, denunciado y publicado el 18 de enero, la organización de Santiago Abascal entraba en el debate sobre el control parental en estos términos: "Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aunque con dinero público promovéis la pederastia ".
El contenido de este mensaje llevó a twitter a suspender cuatro días después la cuenta oficial del partido con el argumento que había emitido mensajes que incitan al odio. Ahora delante de la Fiscalía, el PSOE entiende que estos tuits, y los publicados el 2, 6 y 7 de abril, pueden suponer una comisión de los delitos de injurias y calumnias, recogido en los artículos 205 y 206 del Código Penal sin embargo, además, "por su gravedad y su objeto pueden dar lugar a su consideración como delitos de odio".
En abril, Vox se situó en medio de la polémica para publicar en twitter una foto de la Gran Vía de Madrid manipulada digitalmente para mostrarla llena de ataúdes, sugiriendo que el Gobierno ocultaba a los ciudadanos la dimensión de la tragedia del coronavirus.
Para el PSOE esta foto era una "manipulación injusta" que buscaba "crear a la ciudadanía una sensación de inseguridad, miedo y desconfianza, alterando la ya afectada tranquilidad de los ciudadanos a consecuencia de la pandemia y con la única motivación de atentar contra el honor de gobierno y provocar una reacción en contra de este".
En la denuncia delante de la Fiscalía, los socialistas también aluden a ataques de Vox en la red dirigidos especialmente a representantes del PSOE a las instituciones y contra la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra. Por eso, el PSOE argumenta delante de la Fiscalía que "nadie, ni siquiera una formación política, se puede amparar en la libertad de expresión manifestada a través de la crítica política para cometer delitos".