A 24 horas de la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma en el Congreso, La Moncloa ha puesto en marcha toda la maquinaria para intentar salvar los muebles. Después de una gestión con muchas sombras, y de una recentralización del poder durante dos semanas, el enfado entre la derecha e incluso entre los mismos socios del gobierno Sánchez-Iglesias ha ido creciendo. Sin ir más lejos, a estas alturas no tiene los votos garantizados. Están pendientes de Ciudadanos y el PNV, e incluso intentan in extremis una negociación con ERC, que se ha decantado hacia el no.

El Gobierno insiste en un mismo mensaje durante los últimos días, a medida que ha ido perdiendo apoyos: el decreto del estado de alarma, que ha centralizado el poder en el Estado, "ha funcionado", es "imprescindible" y "no hay alternativa". Este mismo martes, durante la sesión de control en el Senado, el presidente Pedro Sánchez ha llegado a decir que "el único instrumento que permite la lucha contra el coronavirus y salvar vidas es la prórroga del estado de alarma". Sin estado de alarma hay "el caos", han reiterado.

ElNacional.cat habla con varios juristas y les formula una simple pregunta: ¿qué pasa si mañana el Congreso de los Diputados tumba la cuarta prórroga del estado de alarma y este decae?

Nebrera: "Hay otras herramientas más eficientes"

Montse Nebrera, profesora de derecho constitucional en la Universidad Internacional de Catalunya, rebate la tesis del Gobierno durante las últimas horas: sí que hay alternativa. "Podría utilizar otras herramientas que también pueden limitar o bien la libertad de circulación o incluso el destino de la propiedad", explica en este sentido. Pone los ejemplos de la Ley General de Salud Pública o la Ley de Seguridad Nacional. "En este momento y en estas circunstancias, pueden ser herramientas más eficientes", defiende. Entre los beneficios que "podrían dar un poco de juego y corresponsabilidad a las comunidades autónomas, que a estas alturas, con la centralización del poder, es muy complicado."

Con respecto a las medidas económicas y sociales vinculadas a la existencia del estado de alarma, habría que rehacerlas en algunos casos. "Para estas normativas, no hace falta que haya uno esta de alarma para mantenerlas, sobre todo las que tienen que ver con ayudas a las pymes o las rentas de subsistencia", rebate la abogada. Considera que, si hay acuerdo con la oposición, se podrían mantener "ni que sea con un decreto ley".

Finalmente, Nebrera argumenta que, si bien "fregaría el fraude de ley" volver a aprobar un nuevo estado de alarma al día siguiente que fuera tumbado, también defiende que sí que se podría hacer si cambiaran las circunstancias. "Supongo que el miedo es a un repunte. Pero si pasan diez días y esto se agrava, pues hay justificación para volver a decretarlo".

Queralt: "Sin estado de alarma es complicado el confinamiento"

Joan J. Queralt, catedrático de Derecho en la Universitat de Barcelona, también pone el foco en todas las medidas aprobadas bajo el paraguas del estado de alarma. "Es como ir a un almacén con un inventario, y revisar caja por caja a ver qué normas tienen vigencia por si solas o se acaban con el estado de alarma", explica el jurista. "Si no tocan derechos fundamentales, como es el caso, se tendrían que volver a hacer con decretos leyes o las comunidades autónomas por sus propios medios", señala. Un trabajo "muy complicado".

El académico señala que, si bien hay alternativas en algunos aspectos, no la hay para un confinamiento generalizado de la población. "Se podría hacer de un territorio concreto, o de las personas mayores, o de los niños, pero de todos los españoles plantearía muchos problemas sin el estado de alarma", avisa. En este sentido, recuerda que con un confinamiento generalización se están restringiendo libertades fundamentales como la libertad de movimiento.

"Ni la ley de sanidad ni la ley mordaza lo prevén", rebate Queralt, que añade: "La Constitución dice cuáles son los derechos que se pueden suspender y en qué supuestos". Son los estados de excepción y de sitio. De hecho, apunta que se tendría que haber decretado el estado de excepción. "El estado de alarma todavía permite limitar los derechos. Sin el estado de alarma, ni eso puedes hacer", concluye.

Urías: "No hay un vacío legal"

Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional, señala las consecuencias inmediata: decae el decreto de estado de alarma, que establece las condiciones del confinamiento, pero también "desaparecen todas las normas de desarrollo que se han ido publicando en el BOE". Entre ellas, están las ayudas sociales que están supeditadas a la duración del estado de alarma. En este sentido, el también profesor de la Universidad de Sevilla indica que "todo eso desaparece el 10 de mayo". A partir de aquí, "habrá territorios donde se puedan dictar otras normas que sustituyan estas y otros territorios que no dicten ninguna".

En todo caso, el jurista niega que eso implique necesariamente un retroceso: "No quiere decir que haya un vacío legal, sino que volvemos a una situación donde las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el Estado podrán dictar otras normas diferentes que regulen otras cosas, pero las que tenemos desaparecen". Es decir, desaparecerá el mando único y las autonomías recuperarán las competencias recentralizadas el 14 de abril.

¿"No hay alternativa", como dice el Gobierno? "No hay alternativa para tener un mismo sistema obligatorio y plenamente coordinado en todo el Estado, responde Joaquín Urías. "Las alternativas son una pluralidad de normas diferentes a cada comunidad sobre desescalada, escuelas, aislamiento u horarios", detalla el jurista.

 

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