Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, como miembros de la Mesa del Parlament, presidida por Carme Forcadell, han defendido su inviolabilidad parlamentaria y que su actuación se enmarcaba en permitir el debate parlamentario y la libertad de expresión, en la repetición del juicio contra ellos por un delito de desobediencia en el Tribunal Constitucional (TC), este martes en el TSJC. El exvicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Lluís Corominas (JuntsxSí), ha contestado solo a su abogada Judit Gené, y ha asegurado que en los 9 años que formó parte de la Mesa "se admitieron miles de resoluciones sobre lo que antes se llamaba el derecho a decidir y el proceso constituyente", y ha asegurado: "Pensábamos que en nuestra actuación estábamos protegidos por la inviolabilidad parlamentaria." Ha añadido que a partir del 2018 (cuando ya no estaban en la Mesa) se cambió la jurisprudencia consolidada sobre el funcionamiento de la Mesa, y que implica analizar  las propuestas de los grupos exante a admitirlos a trámite. Corominas también ha manifestado que las dos advertencias que recibió del Tribunal Constitucional (TC) eran "incomprensivas", ya que hacía referencia a no desarrollar la resolución del Parlament 1/XI que era muy amplía. Un razonamiento compartido por los otros compañeros de la Mesa del Parlament, que fue disuelto por el Gobierno con el artículo 155. En la entrada del TSJC, Corominas, Simó, Barrufet y Guinó han recibido el apoyo de los partidos independentistas, con integrantes de Junts, de ERC, y la ANC.

 

Perjudicados

En el inicio del juicio, la abogada de los tres exmiembros de Junts, Judit Gené, ha expuesto dos agravios en la repetición del juicio. La primera es que les ha perjudicado para presentarse a cualquier elección. "No se han podido presentar a elecciones", ha afirmado Gené. Los cuatro miembros de la Mesa de Forcadell fueron condenados cada uno a 1 año y 8 meses de inhabilitación a cargo público en octubre de 2020 por un delito de desobediencia al TC, y el Tribunal Supremo "ha tardado dos años" en resolver un recurso y hacer repetir el juicio en el TSJC, ha denunciado. La Junta Electoral Central prohíbe presentarse a una lista o mantenerse en un cargo electo, aunque la condena por un delito de desobediencia no sea firme. El presidente Quim Torra lo sabe.

 

"Ya han cumplido a condena", ha afirmado Gené, y ha pedido que se considere la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo pasado. Incluso, ha comparado que los condenados por desobediencia por el procés en el Tribunal Supremo, los exconsellers Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs, condenados el 2019, ya cumplieron la pena de inhabilitación en junio de 2021, mientras que encausados de la Mesa de 2017 "no tienen ni una sentencia en primera instancia".

El segundo agravio, según ha expuesto Gené, es que integrantes de la Mesa de antes del 2015, no han sido perseguidos por no hacer un control del contenido de las iniciativas, ni después, como la Mesa del Parlament, presidía por Roger Torrent, el 2019, que fue absuelta por el TSJC para admitir a trámite dos resoluciones sobre la independencia y contra el rey. La Fiscalía, pero, ya anunció que presentará recurso.

Defensa de los diputados

Por su parte, la exsecretaria primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó (ERC), también ha respondido solo su abogado, Raimon Tomàs, y ha recordado que la Mesa “no tiene ningún poder legislativo” y que en el trámite de admisión hacían “un control formal de las iniciativas” que presentaban en el Parlament los grupos políticos, y que la junta de portavoces decide el orden del día del pleno. “La sentencia del TC del 2015 era generalista e incomprensiva, como ha dicho Corominas”, ha declarado Simó, al referirse a los requerimientos que recibió después de este órgano, que hacían referencia a cumplir esta sentencia. “El Parlament es donde se debate las iniciativas y se habían admitido muchas sobre el derecho a decidir”, ha sostenido.

Simó también ha recordado que fueron los grupos de Junts y la CUP quien hicieron la petición, en el pleno en marcha, sobre la inclusión del debate sobre las leyes de desconexión, el 6 y 7 de septiembre de 2017. “Entendí que el ejercicio de nuestras funciones era defender los derechos de los diputados. La Mesa del Parlament lo éramos todo de iniciativa parlamentaria y de control del gobierno”, ha declarado, y también ha abogado a la inviolabilidad parlamentaria.

 

En su interrogatorio, Ramona Barrufet (JuntsxSí) ha declarado: “No entiendo que nos hicieran actuar como censores, no lo entiendo” y ha insistido: "Los miembros de la Mesa éramos imparciales”, y ha manifestado que cumplieron el reglamento del Parlament.

Finalmente, Lluís Guinó, que sustituyó Corominas el julio de 2017 y que continúa como alcalde de Besalú, ha asegurado que en la tramitación de las leyes de desconexión, el 6 y 7 de septiembre de 2017, la presidenta del Parlament leyó una advertencia del TC que era dirigido “a todos los diputados del Parlament de Catalunya” y que la función de la Mesa “es canalizar las iniciativas de los grupos parlamentarios”, y por eso, no firmaron la iniciativa del 2017. 

Guinó ha defendido el papel de la Mesa, y ha añadido que no se le puede pedir un control de las proposiciones políticas antes, puesto que sus miembros no tienen formación especializada y “para garantizar la libertad de expresión y de pensamiento y la diversidad de la cámara” se ha de hacer después del debate.

 

Además, Corominas ha añadido que cuando después fue presidente del grupo de JuntsxSí no recibió ningún requerimiento del TC, a pesar de haber presentado las leyes de desconexión con la portavoz del grupo de la CUP Mireia Boya, la única diputada enjuiciada por el procés que al final fue absuelta por el TSJC. 

Reclamo de inviolabilidad parlamentaria

En las cuestiones previas, la abogada de los encausados de Junts, Judit Gené, ha reivindicado su inviolabilidad parlamentaria y que no tendrían que ser juzgados. “La Mesa del Parlament no es un órgano administrativo, ni puede hacer de Tribunal Constitucional y prohibir antes. Tramitaron propuestas y dieron impulso parlamentario”, ha afirmado Gené, y ha asegurado que “no puede ser que se proteja a los diputados por su voto, y no a los de la Mesa, que permitieron el debate parlamentario”. Gené también ha insistido que la Abogacía del Estado tiene que ser expulsada del procedimiento.

Por su parte, Raimon Tomàs, abogado de Anna Simó, ha expuesto que el TSJC no es el tribunal competente para juzgarla porque ninguno de los cuatro encausados no tiene actualmente ningún aforo. También ha hecho referencia de las críticas de “injerencias” del Tribunal Constitucional en el caso del Congreso de los Diputados que hubo en el Estado español.

Tomàs ha insistido en la inviolabilidad parlamentaria de la encausada de Esquerra y ha hecho referencia a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para defender los derechos de libertad de expresión y política. También ha reclamado que se expulse la Abogacía del Estado porque “no tiene ninguna legitimidad” en no tener ningún daño, puesto que no se los acusa de malversación.

Derecho con límites

El teniente fiscal Pedro Ariche ha contestado que “sí que se ha respetado” la inviolabilidad parlamentaria de los procesados, y que es el tribunal del TSJC quien se tendrá que pronunciar en la sentencia, además de añadir que en el juicio se verá “si es un poder absoluto o no” y si “las cámaras parlamentarias pueden incumplir resoluciones”. “Tiene sus límites”, ha avanzado Ariche, que ha añadido que como la jurisprudencia europea “no es muy específica”, hay que asumir las referencias de las resoluciones del Supremo y del Tribunal Constitucional. Ariche ha apostado para que la Abogacía del Estado continúe en el procedimiento, y que el TSJC “es el competente” para juzgarlos.

 

La abogada del Estado, Beatriz Vizcaíno, ha afirmado que el tribunal tiene que resolver en sentencia si los procesados tienen inviolabilidad parlamentaria en sentencia, pero ha abogado por la resolución del TC del 2021, e incluso ha declarado que la Abogacía del Estado “no es parte” sino que vela por el cumplimiento de la administración. Vox está de acusación popular. El tribunal, presidido por Fernando Lacaba, ha indicado que resolverá la apelación de la inviolabilidad parlamentaria en sentencia.

El juicio continúa miércoles con la declaración de los testigos, como por ejemplo los letrados del Parlament.