El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha absuelto los cuatro miembros de la Mesa del Parlament, que presidía Roger Torrent, por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) en el 2019 al haber admitido a trámite el debate parlamentario sobre la independencia de Catalunya y la reprobación de la monarquía de forma genérica. Aparte del ahora conseller Torrent, los otros acusados eran el exvicepresident de la Mesa, Josep Costa; y los exsecretarios Eusebi Campdepadrós (Junts), que hasta hace poco era el secretario de la Administració de Justícia; y Adriana Delgado, alcaldesa de ERC en Sant Vicenç de Castellet.
Tal y como se recoge en la sentencia, el TSHC considera que estos miembros de la Mesa no cometieron un delito de desobediencia por una falta de mandato claro y específico en las providencias del Tribunal Constitucional los días 10 y 16 de octubre de 2019. Así, la mayoría del tribunal de la Sala de lo Civil y lo Penal considera que esas providencias permitían más de una interpretación. De otro lado, la resolución incluye que no hubo dolo, que no ha quedado acreditado que los acusados tuvieran conocimiento y quisieran desobedecer el mandato del Tribunal Constitucional.
La sentencia no es firme y ahora se puede presentar recurso al Tribunal Supremo. Pero la Junta Electoral Central (JEC) no podrá pedir la suspensión de cabeza de ellos, como hizo con Pau Juvillà (CUP), ya que ninguno es diputado actualmente. Roger Torrent es conseller de Empresa pero no diputado de ERC. La Fiscalía solicitaba que Torrent, Costa y Campdepadrós fueran castigados a 20 meses de inhabilitación a cargo público y multa y para Delgado, 16 meses de inhabilitación. La acusación popular, ejercida por VOX, pedía el mismo castigo.
La excepción del voto particular
Sin embargo, la magistrada Marta Pesqueira ha firmado un voto particular en el que deja claro que considera probado que los miembros de la Mesa acusados por la Fiscalía y Vox son responsables criminalmente de un delito de desobediencia. Así, entiende que fueron advertidos, también, de su deber de paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que supusiera ignorar las sentencias del TC. "La conducta de los acusados, en su condición de miembros de la Mesa, y, por tanto, funcionarios públicos (...), puede calificarse, sin lugar a dudas, de manifiestamente contumaz, obstinada, recalcitrante y persistente, y contraria a lo resuelto por el TC", considera Pesqueira.
Medida garantista del tribunal
El lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) citó los cuatro encausados, Torrent, Costa, Campdepadrós y Delgado, este miércoles a las 10 de la mañana para notificarles personalmente la sentencia. Una medida que no hacen todos los tribunales, pero así se asegura de que los procesados son los primeros a conocer la resolución. El presidente del tribunal, el magistrado veterano Carles Mir, ya mostró dotes garantistas durante el juicio, al permitir la larga intervención del exvicepresidente de la Mesa del Parlamento, Josep Costa, que después se marchó del juicio, y al final, le dio oportunidad de asistir a la última palabra. No lo hizo. Mir también aguantó los insolentes comentarios del fiscal Joaquin Pérez de Gregorio, que puso en cuestión la imparcialidad del tribunal del TSJC, presidido por Mir, y completado con los magistrados Francisco Segura y Marta Pesquiera.
El juicio en la segunda Mesa soberanista, además, es el primero del alto tribunal catalán que no preside el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, como marca la normativa, porque fue recusado por Josep Costa y aceptado por la sala 77 del TSJC, como después pasó con el magistrado Carlos Ramos, también apartado. La defensa del derecho de libertad de expresión, de participación política y la independencia del poder legislativo enfrente de los corsés del Tribunal Constitucional (TC) fueron los argumentos que apelaron los cuatro exintegrantes de ERC y de Junts de la Mesa del Parlament para defender su actuación en el 2019. Sus abogados, además, desmintieron al fiscal: "No son casta, sino demócratas".