El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, desafió este jueves al Estado emplazándolo a aceptar un referéndum en todo el territorio español. Durante una entrevista en Catalunya Ràdio, Puigdemont puso una única condición: que se acepte el resultado de Catalunya. Una idea que, aunque no es nueva, pocas veces se ha verbalizado desde los postulados soberanistas. "¿Están dispuestos a plantearnos eso que dicen a veces en las tertulias? ¿Nos lo proponen formalmente, o no?", se preguntó Puigdemont.

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Pocas horas más tarde, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se lo dejaba claro. En declaraciones a los periodistas después de reunirse con el primer ministro irlandés, Rajoy dijo que "no habrá un referéndum que pretenda y que se pueda utilizar para liquidar la soberanía nacional y la unidad de los españoles". "Yo no autorizaré la celebración de ningún referéndum porque no puedo y porque no creo", remachó.

Millo cree que se puede estudiar la propuesta

Las palabras de Rajoy, en la misma línea de siempre, dejaban poco margen a la interpretación. Pero este fin de semana el delegado del gobierno español en Catalunya, Enric Millo, ha decidido marcar perfil propio y, en vez de sacar el argumentario oficial, no ha cargado directamente contra la propuesta del jefe del ejecutivo catalán. "No digo que sea imposible, pero me cuesta mucho de imaginar", ha dicho sobre la propuesta. El delegado también ha instado a Puigdemont a aclarar si es una postura "seria", y ha asegurado que es una "novedad" porque la idea "no está en ningún papel del proceso ni del pacto por el derecho a decidir". "Si él ha hecho esta reflexión, lo que tendría que hacer es articularla y exponerla y entonces lo estudiamos", aseguraba en una entrevista en la ACN.

Vinculante sólo en Catalunya

Lo apuntaba Puigdemont, pero no era el primero. El año 2013, en el marco de la comisión parlamentaria sobre el derecho de decidir, Miquel Roca ya se mojó en este sentido. El exdiputado de CiU y padre de la Constitución avisó entonces al gobierno español de que, si decidía hacer una convocatoria como esta, sólo serían vinculantes los resultados en Catalunya. "Se produciría una situación absurda. De Catalunya hacia allá el referéndum sería consultivo, pero dentro de Catalunya sería vinculante", aseguró. "Lo dice la Constitución", remarcó refiriéndose al artículo 92. "Todo lo que hace referencia al autogobierno si se convoca un referéndum es vinculante Catalunya adentro", insistía Roca.

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Este mismo domingo, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, también explicó que vería bien celebrar un referéndum en todo el Estado siempre que el resultado que se tuviera en cuenta fuera el expresado por los catalanes. "El futuro de Catalunya sólo debe obedecer a lo que decidan los ciudadanos de Catalunya", defendió. Para Sànchez, un referéndum en el resto del Estado sería "un instrumento democrático positivo".

El eterno argumento (de tertulia) unionista

Entre las respuestas del unionismo a la demanda de un referéndum, una de las más habituales es que la "soberanía nacional" es de todos los españoles. Es precisamente por eso que algunas veces, y ante la insistencia de que hay que encontrar una solución democrática a las demandas catalanas, también algunos políticos españoles han acabado asegurando que el referéndum sí sería posible si se hiciera por todo el Estado.

Incluso Albert Rivera, que en el año 2012, todavía como diputado en el Parlament, lo defendía claramente en Els Matins de TV3: "Se tiene que plantear en toda España, no hacerlo al conjunto del Estado sería muy antidemocrático". Rivera iba todavía más allá: "Yo creo que se puede producir un referéndum en toda España, porque somos soberanos y lo podemos decidir", aseguró, al tiempo que añadía que "la soberanía para levantar o no fronteras de un país está en las Cortes y quien decide son todos los ciudadanos españoles". También Rosa Díez, de UPyD, había mantenido que el hecho de que haya gente que quiera una Catalunya independiente "no le genera ningún problema" pero que estas opciones "tienen que aceptar que se vote en toda España", porque "afecta a todos los españoles".

De hecho, Millo tampoco es la primera voz oficial del gobierno español que blande esta carta. En 2014, en el marco de la ofensiva internacional contra el procés, el embajador español en Suiza, Miguel Ángel de Frutos Gómez, criticaba el 9-N precisamente porque no contaba con el voto del conjunto de los españoles. "La propuesta de Mas atenta contra uno de los principios básicos de la Constitución española: el derecho de decidir de todos los ciudadanos invocando únicamente al derecho a decidir de una parte", decía, defendiendo que la convocatoria impedía "al conjunto de ciudadanos de expresar su derecho a decidir el futuro de todos". El embajador insinuaba, pues, que tenían que votar todos los españoles.

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En Catalunya, quien más se ha acercado a este posicionamiento ha sido Miquel Iceta, que en el 2015, justo antes del 27-S, renunció a defender la consulta "legal y acordada" para pasar a pedir una reforma constitucional y un referéndum "sobre el federalismo, sobre el Estado federal, sobre un nuevo acuerdo con el resto de España". En este caso, Iceta aseguraba que una consulta sería la que validaría o no la reforma "en toda España, y también en Catalunya".

El Constitucional, también por la soberanía nacional

El año 2014, el pleno del Tribunal Constitucional acordó por unanimidad, aunque sólo parcialmente, la impugnación presentada por el gobierno español contra la declaración soberanista aprobada por el Parlament en enero del 2013. En aquella resolución, el Constitucional esgrimía que el pueblo catalán no es un "sujeto político soberano". Textualmente, el tribunal señalaba que "en el marco de la Constitución una comunicado autónoma no puede convocar unilateralmente un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España". Decía también que "la Constitución atribuye con carácter exclusivo la titularidad de la soberanía nacional al pueblo español". Exactamente el mismo punto al que se remiten los opinadores que, desde el unionismo, instan a extender el referéndum a todo el Estado.

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En cualquier caso, nunca se ha llegado a poner este debate seriamente encima de la mesa. Y quién lo hace, tanto desde un lado como desde el otro, sabe de las escasísimas posibilidades que nunca una mayoría del Congreso español acabe optando por esta vía.

Españoles dispuestos a hablar

Lo que más sorprende de todo es que, aunque ningún partido español se haga suya la propuesta, parece que sería la más compartida entre casi la mitad de la población. Hace menos de un mes, una encuesta encargada por La Sexta revelaba que casi el 45% de los españoles está a favor que se celebre un referéndum, en contraposición con casi un 53%, que es el porcentaje que se opone. Nada más 14 meses antes, recordaba la cadena, sólo uno de cada tres españoles lo apoyaba.

De los españoles partidarios del referéndum, una amplia mayoría (el 60%) de los encuestados pedían que este se celebrara en todo el Estado. Por partidos, los votantes populares, socialistas y naranjas consideran mayoritariamente que se tendría que hacer en todo el Estado –en un 63%, 64% y 77%, respectivamente–, mientras que en el caso de Unidos Podemos la posición se invierte: un 54,3% consideran que se tiene que hacer sólo en Catalunya y un 42,4% cree que se tiene que hacer en todo el Estado.

Por el contrario, los mismos datos revelaban una posición inversa en Catalunya, donde un 60% considera que el referéndum sólo se tendría que hacer en el ámbito catalán mientras que sólo uno de cada tres cree que tendría que ser en toda España.

Las encuestas evidencian, pues, una fractura entre ciudadanos y políticos españoles en uno de los debates que en los últimos años ha ocupado la centralidad del tablero político.