El Consell de la República denuncia ante las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal al que se está sometiendo España la vulneración sistemática de los derechos de los independentistas y la obstrucción de la aplicación de la amnistía por parte de los tribunales españoles. El presidente del Consell, Jordi Domingo, intervino este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, para denunciar que el informe elaborado por la ONU sobre España "no refleja adecuadamente las violaciones sistémicas en materia de derechos humanos que afectan al pueblo catalán".
Cada cuatro años y medio los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos se tienen que someter a este examen en que se revisa la situación en el país. En este proceso, el viernes pasado España se comprometió a “reforzar” los derechos lingüísticos de los catalanes al aceptar el 93,5% de las recomendaciones que otros estados miembros de la Organización le han hecho tras analizar la situación en el país. También el viernes, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) reclamó a España una "aplicación imparcial y proporcionada" de la ley de amnistía.
Rebelión judicial
En la intervención del lunes, el presidente del Consell de la República advirtió de que la omisión en el informe de las violaciones de los derechos humanos en España corre el riesgo de legitimar la represión. Domingo ha denunciado que los tribunales españoles han obstruido la aplicación de la amnistía de 2024 con la que se intentaba corregir la persecución política contra los independentistas, lo cual constituye "una rebelión judicial" que mantiene al presidente Carles Puigdemont y a otros dos políticos independentistas en el exilio. Asimismo, denunció el espionaje con Pegasus contra representantes políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil. Finalmente, lamentó que el informe no hiciera ninguna referencia a la vulneración del derecho a la autodeterminación de los catalanes, reconocido en el derecho internacional.
También este lunes, Plataforma per la Llengua reclamó ante el Consejo de Derechos Humanos que España aplique las recomendaciones que aceptó el viernes sin demora y por responsabilidad democrática para "no poner en peligro el futuro del catalán". El presidente de Plataforma, Òscar Escuder, denunció que España "no respeta plenamente los derechos de sus comunidades lingüísticas autóctonas" e impone limitaciones a los castellanoparlantes que erosionan el respeto por la diversidad y la justicia y ponen en peligro el pleno desarrollo de las comunidades de habla catalana y el futuro de la lengua".