El Consejo de Europa ha reclamado a España aplicar "acciones legislativas inmediatas" para garantizar el uso de las leguas cooficiales, entre ellas el catalán, en campos como los procesos judiciales. En el informe que evalúa la protección en España de lenguas denominadas regionales y minoritarias, el consejo de expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias denuncia "el escaso" uso del catalán en los procesos judiciales porque los jueces utilizan mayoritariamente el castellano.

"Eso provoca un uso muy menor de las lenguas minoritarias en los tribunales", dice el documento en que los expertos piden enmendar el marco legal, para que "quede claro" que las autoridades judiciales, civiles y administrativas pueden hacer uso de la lengua cooficial si lo pide una de las partes. "No se ha hecho ningún progreso en este sentido", lamentan los expertos en el informe que evalúa la protección de las lenguas minoritarias en España y hace recomendaciones para cada una de ellas en función del territorio.

Con respecto al catalán en Catalunya, los expertos lamentan no haber recibido por parte de España "suficiente información" sobre su uso en la administración pública para poder hacer una evaluación.

 

En el caso del catalán —denominado valenciano— en el País Valencià, los expertos reclaman hacer que la lengua esté "disponible en todos los niveles de la educación". Para hacerlo, recomiendan un modelo de inmersión lingüística que incremente "la proporción de enseñanza en valenciano".

Sobre la situación del catalán en la Franja de Ponent, bajo administración aragonesa, los expertos piden incluir el término "catalán" en el Estatuto de Autonomía y constatan una "mejora" de la situación del catalán en el territorio. El estudio apunta que el gobierno aragonés les ha argumentado que la pandemia les ha "impedido tomar medidas para la promoción y el reconocimiento de la lengua catalana".

Recientemente, el Consejo de Europa ya dio un toque de atención al estado español por la situación del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que está encarcelado desde el 16 de octubre del 2017 a la vez que el Tribunal Supremo lo condenó en octubre del 2019 a nueve años de prisión por sedición. La relatora general de defensores de Derechos Humanos de este organismo, Alexandra Louis, ha valorado que Cuixart sigue sufriendo "represalias e intimidación", así como ha puesto resaltado que su situación no ha mejorado.